Gobierno de Burundi prohíbe entrada al país a tres investigadores de la ONU
El Gobierno de Burundi prohibió la entrada a tres investigadores de Naciones Unidas, a los que declaró «personas non gratas», tras la publicación de un informe en el que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
En una carta firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Alain Aime Nyamitwe, y divulgada a última hora de ayer, se informó de que Maya Sahli-Fadel, Christof Heyns y Pablo De Greiff han sido declaradas personas «non gratas» en el país sin explicar el motivo de la decisión.
Los tres integran el grupo de expertos designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para llevar a cabo una investigación de las violaciones y abusos de los derechos humanos en el país africano.
El pasado 20 de septiembre, publicaron un informe en el que determinaron que el Gobierno burundés y grupos afines han cometido vejaciones de forma amplia y sistemática que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
El informe documenta cientos de casos de ejecuciones sumarias, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
«El poder quiere seguir asesinando a todo aquel que quiera y cuando quiera», aseguró a EFE el presidente de la Liga de Derechos Humanos de Burundi, Nikoyagize Ansgar, quien calificó de «increíble» la decisión del Gobierno.
La semana pasada, el Gobierno de Pierre Nkurunziza ya rechazó que la ONU estableciera una comisión de investigación para llevar ante la justicia los posibles asesinatos y torturas que se denunciaron en el informe elaborado por estos tres investigadores.
Según criticó entonces el portavoz del Ejecutivo, Philippe Nzobonariba, el informe «es parcial y ha sido encargado con el único objetivo de desestabilizar a la nación burundesa».
Hace unos días, el Gobierno burundés también acordó solicitar su salida de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga las violaciones cometidas durante la crisis política que Nkurunziza desencadenó al querer permanecer en el poder en contra de la Constitución.
Hasta la fecha, las autoridades han rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ayudar a estabilizar el país tras meses de tensión política.
Burundi sufre una crisis desde que, el pasado abril de 2015, Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohibía la Constitución y violó los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.
La crisis política ha causado cientos de muertos en el último año y ha hecho que unas 400.000 personas hayan huido de sus hogares, según datos de la ONU.
