Grupo de Lima se reunirá el 23-J para tratar situación de Venezuela
Los ministros de Exteriores de los países que integran el Grupo de Lima, que intensifica la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, se reunirán en Buenos Aires el próximo 23 de julio, informaron a Efe fuentes oficiales argentinas.
Hasta ahora, la última reunión del grupo, tuvo lugar en Ciudad de Guatemala el 6 de junio pasado, cuando los ministros llamaron a intensificar la presión internacional sobre el régimen «dictatorial» e «ilegítimo» de Maduro para buscar una solución «pacífica» y «dialogada» a la crisis de Venezuela, que consideran una amenaza a la paz regional.
El encuentro de Buenos Aires será el primero desde que el 5 de julio se conociera el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se instó al Gobierno de Maduro a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en el país.
El documento, que fue tachado por el gobierno chavista de «parcial» y lleno de «graves errores metodológicos», denunciaba, entre otros asuntos que, especialmente desde 2016, el Ejecutivo de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno» con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.
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Además, el informe, elaborado tras realizar más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, desvela más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Condenan muerte del capitán Acosta
La última declaración conjunta del Grupo de Lima se remonta al 30 de junio pasado, cuando los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela -representada por el líder del Parlamento Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo- condenaron la muerte ese día del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
El militar se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y había sido arrestado ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente.
