HRW denuncia trato abusivo de administración Maduro para venezolanos que retornan
Diversas entidades internacionales han mostrado su preocupación acerca de la diáspora venezolana que se ha visto obligada a retornar a nuestro país debido a los efectos derivados por la pandemia. En esta ocasión, la ONG Human Rights Watch (HRW), denunció este martes que las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que el Gobierno de Nicolás Maduro somete a los cerca de 130 mil migrantes que han regresado, provoca el incremento de la transmisión del coronavirus, al tiempo que hicieron un llamado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que intervenga en procura de encontrar una solución a este problema.
En una investigación llevada a cabo por HRW junto con los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, se afirma que a muchos de los retornados «se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena» durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo que, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de covid-19 y, cuando han protestado, han sido amenazados.
Inhumanas condiciones
En su informe, ambas instituciones detallan que hallaron «condiciones insalubres y de hacinamiento» en los centros donde se «obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica«.
En este sentido, la doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page, aseveró que «enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el covid-19«.
Aunque las condiciones en los centros varían, según los datos recabados por HRW entre junio y septiembre, la mayoría de los retornados que entrevistaron les indicaron «que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación«.
Muchos de los encuestados también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón.
Del mismo modo, manifestaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y productos para los niños pequeños.
Tratos degradantes
El hacinamiento en estos centros donde pasan sus cuarentenas «hace que el distanciamiento social resulte imposible«, plantea HRW, que agrega que en algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados «podría constituir trato degradante«, lo que está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
Asimismo, aseguraron que «no se aplica ningún estándar común a todos los centros«, conocidos como Puntos de Atención Social Integral (PASI) y que son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana.
HRW explicó que el pasado 10 de julio pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta «ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos» y no han obtenido respuesta.
Maduro limita ingreso
Por otra parte, denuncian que desde el 8 de junio, la gestión de Nicolás Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, dependiendo del lugar, y en algunos cruces solo permite el ingreso tres días en semana.
«Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras, con escaso distanciamiento social«, sostienen.
Además, el 11 de junio, Maduro dijo que su gobierno iba «a seguir recibiendo a todos los venezolanos que vienen con amor«. Sin embargo, su gestión ha estigmatizado en reiteradas oportunidades a los retornados, a quienes acusa de llevar el virus a Venezuela.
Apoyo regional
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que «los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de covid-19 en ambos lados de la frontera» y afirmó que «el Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan» a los compatriotas que vuelven al país.
Del Proceso de Quito forman parte doce países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.
Llamado a Guterres
La ONG con sede en Nueva York instó a los países que forman parte del proceso que «soliciten al secretario general de la ONU, António Guterres, su intervención para formalizar un programa eficaz de apoyo a los retornados en la frontera entre Colombia y Venezuela, con participación de expertos en salud pública y liderado por la Organización Panamericana de la Salud«.
También a que exhorten «a las autoridades venezolanas a permitir acceso irrestricto a actores humanitarios y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU para monitorear las condiciones en los centros» donde permanecen los retornados.
