HRW: Gobierno de Nicolás Maduro incrementa violaciones a los derechos humanos
La gestión de Nicolás Maduro sale nuevamente reprobada en materia de derechos humanos. Así lo concluyó el informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW), que apuntó que el estamento que ejerce el poder desde Miraflores se ha valido del estado de excepción impuesto en respuesta al covid-19 como pretexto para arremeter contra las fuerzas democráticas de oposición e incrementar su control sobre la población, lo que constituye una consolidación de la «dictadura» en Venezuela.
En su capítulo venezolano, el informe destaca que persisten las preocupaciones en materia de derechos humanos, que incluyen casos de brutalidad policial, condiciones precarias de detención, impunidad ante violaciones de derechos humanos, falta de independencia judicial y hostigamiento a defensores de DD. HH. y medios de comunicación independientes.
Añaden que el oficialismo ha usado el estado de excepción en respuesta al coronavirus como pretexto para arremeter contra opositores, deteniendo y procesando de manera arbitraria a decenas de políticos, incluyendo diputados, periodistas, trabajadores sanitarios que han criticado su gestión de la pandemia, así como abogados que brindan asistencia legal a manifestantes que protestan la falta de acceso a agua, combustible o medicamentos.
Política represiva
El informe del organismo revela que «las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el madurismo. Las autoridades han torturado a varios detenidos para obtener información sobre supuestas conspiraciones. A fin de determinar el paradero de algunos sospechosos, las autoridades han detenido y torturado a sus familiares«.
La nota de la ONG con sede en Nueva York agrega que la minería ilegal en el estado Bolívar es controlada por organizaciones criminales que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos, en algunos casos desmembrando y matándolos frente a otros. Estos grupos actúan con la aquiescencia de las autoridades gubernamentales y, en algunos casos, su participación.
Asimismo, detallan que en nuestro país también operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayoría en estados fronterizos.
Crisis migratoria y humanitaria
Del mismo modo, HRW denuncia que «el éxodo de venezolanos que huyen de la represión y la escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. La dificultad para obtener estatus legal en otros países y las dificultades económicas causadas por las medidas para contener la propagación del covid-19 han provocado que cerca de 130.000 personas regresen al país desde marzo de 2020, pero muchos retornados sufrieron abusos al llegar«.
Manifiestan además que Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada. El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud ha contribuido a la propagación del covid-19.
En este sentido, el informe de HRW especifica que el sistema de salud venezolano ha colapsado, lo cual ha propiciado un resurgimiento de enfermedades infecciosas y prevenibles con vacunación. Apunta que la escasez de medicamentos e insumos de salud, las interrupciones en el suministro de servicios básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han reducido severamente la capacidad operativa.
Libertad de expresión amenazada
En cuanto a libertad de expresión, el comunicado señala que durante más de una década, la gestión de Nicolás Maduro ha ampliado y ejercido su facultad para regular los medios de comunicación de forma abusiva y cerrado medios críticos. Alertan que si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican a las autoridades, la autocensura por temor a represalias es un serio problema.
En este aspecto, denuncia HRW que durante el estado de excepción por el covid-19, muchas personas que compartieron o publicaron información en redes sociales que cuestionaba a funcionarios o políticas oficialistas fueron acusadas de incitación al odio o a delinquir.
