Intentan excluir a candidatos opositores en Venezuela
La polémica sobre la inhabilitación de más de 400 candidatos a gobernaciones y alcaldías en las elecciones regionales del noviembre próximo, podría avivar el fuego en el ambiente de conflictividad e incertidumbre política que vive Venezuela, advirtieron ayer expertos y analistas.
La medida, anunciada por el Contralor General de la República, Clodosvaldo Russián, se basó en que a los aspirantes aparentemente inhabilitados los están llevando a los tribunales.
Russián dijo que esta situación permite aplicar el artículo 105 de la Ley de Contraloría, la cual prohíbe participar en cargos públicos, hasta por 15 años, a las personas incursas en delitos de corrupción administrativa.
«Creemos que las personas que están en esta situación (…) no pueden postularse para el desempeño de cargos públicos de elección popular», informó Russián al Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 25 de febrero, cuando consignó la lista de inhabilitados.
En la base del argumento legal de Russián están los presuntos delitos cometidos por los inhabilitados, que abarcan desde «excesos de pagos» con dineros de los contribuyentes hasta «daños al patrimonio público».
Sin embargo, la interpretación del contralor ha generado un amplio rechazo entre expertos, juristas y líderes de la oposición, quienes esperan un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la situación.
El miércoles, un grupo de notables juristas solicitó al TSJ en un comunicado declarar inconstitucionales las inhabilitaciones políticas, pues «el contralor no tiene competencia jurídica», y «no puede imponer estas sancio- nes», indicó el abogado Alberto Arteaga.
El letrado adujo que esta medida implica una violación de los derechos políticos de los aspirantes a goberna- ciones y alcaldías, los cuales están consagrados en la Constitución de 1999.
El único momento cuando un aspirante puede ser privado de su derecho a ser candidato en las elecciones regionales es si ha sido condenado en sentencia firme por un tribunal, aclaró el rector del CNE, Vicente Díaz.
«La constitución venezolana es clara y tajante cuando estipula que para que haya una inhabilitación polí- tica tiene que haber una sentencia firme de un tribunal», dijo Díaz. Las inhabilitaciones sancionadas por la Contraloría son de carácter administrativo y no político, «porque la Constitución lo prohíbe, y esa inhabilitación no priva sobre los derechos políticos, de manera que no se le puede impedir la postulación a ningún ciudadano o ciudadana del país que haya sido inhabilitado administrativamente», precisó el rector.
De acuerdo con el líder opositor Manuel Rosales, el actual gobernador del estado Zulia, las inhabilitaciones ‘‘han perturbado el proceso», porque impide la postulación de «quienes vamos a proclamar como candidatos y quienes vamos a respaldar como candidatos».
El contralor, agregó Rosales, «no puede violar la Constitución y quitarles los derechos a hombres y mujeres de Venezuela».
«No nos van a detener con esa estrategia», aseguró a El Nuevo Herald el actual alcalde de Chacao y aspi- rante a la alcaldía mayor de Caracas, Leopoldo López, quien está incluido en la lista de inhabilitados.
La decisión de Russián, cuyas simpatías con el oficialismo han sido cuestionadas, podría impactar decisiva- mente las elecciones regionales, indicaron expertos.
Entre los inhabilitados se encuentran aspirantes de la oposición que podrían derrotar a candidatos chavistas, como el caso de Enrique Mendoza en Miranda.
En la lista no se encuentra el general Raúl Baduel, un potencial candidato con un amplio liderazgo, pero acusa- ciones de que ha recibido recursos de la National Endowment for Democracy (NED), lanzadas por la diputada oficialista Iris Varela, podrían complicar su participación en las elecciones regionales si se le abre un juicio.
La medida podría beneficiar a la oposición si logra capitalizar el descontento que generarían las inhabili- taciones en la población.
«Una parte de los candidatos favoritos en las encuestas están inhabilitados aunque no existe sentencia firme (…) Esto atentaría contra el derecho de la población y podría levantar a la población a defender esos liderazgos», dijo Luis Vicente León, el director de la firma encuestadora Datanálisis.
Sin embargo, la oposición corre el riesgo de «enredar el proceso», sobre todo si es ‘‘empujada a barajar opcio- nes, incluyendo el retiro de las elecciones», indicó León.
El chavismo se vería beneficiado si logra mantener las inhabilitaciones, sacando del camino a populares candidatos opositores en regiones claves.
