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Investigan al Gobierno de Chile por presunto uso del gasto público en campaña de la Constituyente

La Contraloría de Chile informó que abrió una investigación contra el Gobierno sobre el gasto público, tras las acusaciones de «intervencionismo» que diversos grupos de derecha han realizado.

Jorge Bermúdez, contralor, explicó que el proceso tiene como objetivo «determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período» y podría eventualmente derivar en acciones como «un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas».

La semana pasada, un grupo de diputados del Partido Republicano (ultraderecha) solicitó a la Contraloría investigar al Gobierno de Gabriel Boric por hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución. Esta es la segunda acusación de este tipo que el Ejecutivo enfrenta en menos de una semana, pues parlamentarios de los partidos Renovación Nacional y Evópoli (derecha) también acusaron a la administración de Boric de haber incumplido la prohibición que rige sobre la administración del Estado de hacer campaña en favor de cualquiera de las dos opciones de la Constituyente.

El próximo 4 de septiembre, Chile realizará un plebiscito en el que los ciudadanos deberán decidir si desean aprobar la nueva Constitución, la cual comenzó a ser redactada en 2021, o si prefieren mantener la Constitución actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

Tras el pronunciamiento de La Contraloría, el presidente Gabriel Boric dijo que la investigación es sinónimo de que «las instituciones funcionan», pero que su Gobierno se ha limitado a «cumplir con el mandato» que les «da la ley».

«El Gobierno no puede utilizar recursos públicos, no corresponde, para difundir su preferencia respecto de una u otra opción, pero sí tiene el deber de informar y no vamos a cejar en el empeño para que todos los chilenos y chilenas voten el 4 de septiembre informados», aseguró durante una rueda de prensa.

Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, aseveró que las denuncias “no tienen ningún asidero porque la ‘prescindencia’ hace referencia a no ocupar recursos públicos ni tampoco dentro del tiempo laboral para manifestarse por una opción específica y el Gobierno eso lo ha cumplido absolutamente a cabalidad”.

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