Junta militar busca controlar el internet en Myanmar: Biden sancionará a golpistas

Continúa la tensión en Myanmar, que este jueves vivió su sexto día consecutivo de protestas, aunque más dispersas y menos multitudinarias, mientras la junta militar surgida tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero prepara una ley de ciberseguridad que le permitirá interrumpir temporalmente internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios, al tiempo que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno controlado por las fuerzas militares. 

A diferencia de los días previos, cuando las manifestaciones fueron masivas y sufrieron encontronazos violentos con la policía, este jueves los manifestantes se dispersaron y protestaron en grupos más pequeños en áreas clave de las ciudades.

Los empleados de muchos sectores de la Administración pública, además de trabajadores de fábricas, personal bancario, ingenieros y abogados, organizaron sus propias marchas, al igual que muchos grupos étnicos.

Pedido a China

Cientos de personas participaron en una protesta frente a la embajada china en Rangún, la mayor ciudad del país, para pedir a Pekín que no apoye a la junta militar que tomó el poder en un golpe tras acusar al Gobierno de fraude electoral.

La policía han cargado contra los manifestantes en algunas concentraciones con cañones de agua, balas de goma e incluso munición real, con el objetivo de sofocarlas. Una mujer se encuentra en estado crítico desde el martes tras recibir un disparo en la cabeza durante una carga policial contra una manifestación en Naipyidó, la capital birmana.

Control de las comunicaciones

Entretanto, en un intento por controlar las comunicaciones, la junta militar prepara una ley que entre otros detalle exige que los proveedores guarden un registro de los usuarios (IP, teléfono, dirección, uso de datos y otra información necesaria) durante tres años y entregarlo cuando se les pida.

Aquellos que no faciliten los datos de acuerdo con la ley se enfrentarían a penas de hasta tres años de cárcel y multas de 10 millones de kyat (7.100 dólares).

Frente a ello, 160 organizaciones civiles birmanas denunciaron que la propuesta de ley vulnera los derechos digitales, la privacidad y otros derechos humanos, al tiempo que subrayaron que el Gobierno militar no tiene autoridad legal para legislar.

«Si esta acción ilegal del actual régimen militar no es denunciada con firmeza a tiempo, la opresión de los militares en el país durará mucho«,  indicaron las organizaciones en un comunicado.

El gobierno militar envió a varias compañías de telecomunicaciones en el país la propuesta de ley, que permitirá aumentar la censura y la vigilancia, según reveló una ONG local.

Los militares restringieron internet durante varias horas durante el golpe de Estado que dieron el pasado 1 de febrero y también durante más de 24 horas el fin de semana del 6 y 7 de febrero ante el inicio de las manifestaciones contra la Junta en las calles.

Tres días después del golpe, las autoridades también bloquearon el acceso a Facebook y Twitter, las plataformas más usadas por los críticos con el poder de facto, aunque muchos usuarios están usando programas VPN, redes privadas virtuales que permitir acceder a páginas restringidas.

Más detenciones

Por otro lado, los militares llevaron a cabo una nueva ola de detenciones la madrugada del jueves contra varias personas vinculadas al partido de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), miembros de la Comisión Electoral y abogados.

Entre ellos, fue detenido Kyaw Tint Swe, un aliado cercano a Suu Kyi y otros cuatro políticos vinculados al Gobierno depuesto por los militares, informó un portavoz de la LND.

Al menos 220 han sido arrestadas desde la toma de poder por la fuerza de los militares, aunque 20 han sido liberadas, informó este jueves la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.

La posición de Washington

Y desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles la inminente imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno militar que tomó el poder la semana pasada.

Los militares de Birmania «deben renunciar al poder y demostrar respeto por la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 8 de noviembre«, aseguró el mandatario.

La junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que arrasó el partido de Aung San Suu Kyi.

La líder, de quien no han trascendido noticias en varios días, permanece supuestamente bajo arresto domiciliario en Naipyidó.