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Justicia aumenta a 17 años de cárcel condena a Lula por corrupción

La Justicia brasileña ratificó y elevó cinco años, hasta 17, una segunda condena por corrupción y blanqueo de capitales dictada en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar.

El anuncio del tribunal de segunda instancia supone un nuevo golpe judicial para el antiguo líder sindical y exmandatario (2003-2010), aunque podrá recurrir en libertad la nueva condena gracias a una reciente decisión del Tribunal Supremo que permitió su excarcelación el pasado 8 de noviembre.

Los tres jueces de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región decidieron por unanimidad elevar a 17 años y 1 mes de cárcel la pena a 12 años y 11 meses que le había sido impuesta en primera instancia en el llamado «caso de Atibaia».

Los miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región concluyeron que quedó comprobado que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236.000 dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el municipio de Atibaia (Sao Paulo), a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.

Tras el veredicto, la defensa del exmandatario brasileño criticó la celeridad del proceso y el cariz político del mismo y volvió a denunciar lo que considera una «persecución» jurídica contra el líder del Partido de los Trabajadores, de 74 años.

Recorriendo el país

Sobre Lula ya pesa otra condena ratificada en tercera instancia, después de que la justicia diera por probado que recibió un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favores a la constructora OAS en contratos con la petrolera Petrobras.

Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores llegó a pasar 1 año y 7 meses en prisión, pero quedó en libertad hace cerca de tres semanas tras verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que sean agotados todos los recursos.

La decisión del Supremo que benefició a Lula y a otros 5.000 presos encendió las alarmas en Brasilia, capital del país y sede de los tres poderes, y ha abierto un incipiente debate en el Congreso brasileño para buscar fórmulas que permitan la prisión después de segunda instancia a través de la vía legislativa.

Mientras el Congreso articula y siguen pendientes los recursos en la justicia, Lula ha comenzado a movilizar a la adormecida izquierda brasileña para hacer frente al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuya popularidad ha disminuido fuertemente desde que llegó al poder el pasado 1 de enero.

La formación de izquierda ya piensa en las elecciones municipales del próximo año, las cuales servirán de termómetro para medir la fuerza de política de Lula y Bolsonaro.

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