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Justicia ecuatoriana confirma sentencia de 8 años de cárcel contra Rafael Correa

Problemas para Rafael Correa. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena de 8 años de prisión por un delito de cohecho y a pagar una indemnización como autor del mismo al expresidente ecuatoriano, imputado por el caso «Sobornos 2012-2016» que también lo inhabilita de participar en cualquier actividad política.

Tras dos semanas de deliberación, la corte respaldó la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente.

«El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos», informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.

Reacción desde Bélgica

La sentencia no ha sorprendido al exmandatario ecuatoriano, que reside desde 2017 en Bélgica, país de procedencia de su esposa, Anne Malherbe Gosseline.

«Aunque es difícil de creer, era de esperarse. ‘Caso’ y ‘sentencia’ más ridículos no puede haber», reaccionó Correa en su cuenta Twitter.

«No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí», añadió el exmandatario, que calificó el caso como «una de las páginas más oscuras de la historia de la patria».

Según su abogado, Fausto Jarrín, tras la decisión la Corte Nacional de Justicia debe notificar la resolución por escrito a las partes, tras lo cual restan «recursos horizontales de aclaración y ampliación».

La Justicia ecuatoriana aceptó de forma parcial las apelaciones de los exaltos funcionarios Alexis Mera y Walter Solís, de forma que la suspensión de derechos civiles que se les había impuesto, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original.

Trama de corrupción

Durante la investigación, la fiscalía acusó a quien fuera presidente de Ecuador desde 2007 hasta 2017 de liderar una estructura jerárquica para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.

De ser refrendada en tercera y última instancia, la sentencia impedirá a Correa volver a participar en la política de su país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Algunos de los acusados pidieron que se anule la sentencia por considerar que obedece a una supuesta «persecución política» por parte del actual Gobierno de Lenín Moreno, un excorreligionario de Correa con el que se enemistó tras dejar el poder en 2017.

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