Actualidad Internacional

Justicia de España niega legitimidad de actuación a Tarek William Saab y Maikel Moreno

Un nuevo revés en el concierto oficial para el madurismo. En esta ocasión viene desde Europa, ya que la Justicia española considera carentes de legitimidad al fiscal general oficialista, Tarek William Saab, y al presidente del Tribunal Supremo proguberamental, Maikel Moreno, para reclamar la extradición de un venezolano al que acusan de haber quemado vivo a un joven durante las protestas contra Nicolás Maduro ocurridas en nuestro país en 2017.

La Audiencia Nacional española denegó el pasado 17 de septiembre la extradición del reclamado, Enzo Franchini, ante la posibilidad de que el proceso contra él fuese utilizado para vulnerar sus derechos fundamentales, una decisión que revierte la acontecida previamente en junio, cuando el tribunal español había dado luz verde a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía y la defensa de Franchini, ejercida por el abogado Ismael Oliver, por lo que recurrieron.

La petición de extradición oficialista fue refrendada por el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo aliados de Maduro y ahora, en esta nueva resolución, la Audiencia Nacional española entiende que solo esa circunstancia invalida la petición de entrega.

Basamentos de peso

«Ellos han firmado documentos esenciales» en el procedimiento de extradición, circunstancia, señala el texto judicial, «que no es posible obviar» teniendo en cuenta informes de organismos internacionales que cuestionan la legitimidad de los cargos que ostentan.

Los magistrados firmantes se basan concretamente en un comunicado de la Organización de Estados Americanos de 2018, «llamando a desconocer solicitudes de extradición» por parte del considerado «ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial».

A esto suman que la Unión Europea, «no ha reconocido a la Asamblea Constituyente, como tampoco lo ha hecho, a título particular, España. Al ser esto así y siendo aquella la que les nombró para los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y de Fiscal General, queda en entredicho su legitimidad de actuación, y, en consecuencia, carente de eficacia su petición de extradición», agrega la resolución de la Audiencia Nacional de España.

Consideración política

En cuanto a las connotaciones políticas que les han llevado también a considerar que la reclamación tuviese como fin la persecución de un disidente, para  los magistrados es «relevante» que los hechos por los que se pide la extradición «se produjeran en el curso de una manifestación de opositores» al gobierno de Maduro.

En este sentido recuerdan que quienes «actualmente ostentan los poderes públicos han protagonizado no pocas actuaciones de represión y persecución contra miembros de la oposición, a veces con utilización del proceso penal como instrumento».

De esta manera, Franchini, que ya cumple un año de libertad condicional, pone fin «a tres años de persecución injusta, en una desventaja abismal, contra un conglomerado criminal de dimensiones jamás vistas«, como declaró a medios españoles.

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