Justicia española suspende la declaración de independencia de Cataluña
El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el Parlamento de esa región autónoma.
El TC decidió la suspensión al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los «evidentes efectos jurídicos y vinculantes» de esa declaración secesionista.
El Tribunal tendrá ahora un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.
Además, el TC advirtió a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa (el órgano de dirección de la cámara regional) de que pueden incurrir en responsabilidades penales si no acatan la suspensión.
En particular, se les advierte de que deben abstenerse «de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno a la declaración de independencia».
La Mesa permitió que el Parlamento regional debatiese y votase el viernes pasado sendas resoluciones para declarar un «Estado independiente en forma de república» e iniciar un proceso constituyente en Cataluña.
El Ejecutivo español reclamó al TC que las anulara urgentemente al considerar que «son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos», en lo que considera el «atentado más grave contra el orden constitucional».
El Gobierno argumenta que el Parlamento catalán «se arroga un poder» -proclamar una república en nombre del pueblo catalán- del que «indudablemente carece». Además, esto supone «confiscar, sin ningún reparo, competencias estatales».
A su vez, el Tribunal Supremo español decidió investigar a Forcadell y el resto de la Mesa, tras ser acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista.
El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ordenó el cese del presidente independentista catalán Carles Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en la Constitución.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara declarar la independencia.
