La encrucijada judicial de Lula en su búsqueda por la libertad
Luiz Inácio Lula da Silva ya tiene derecho a la libertad condicional, pero la Justicia todavía no ha dado su última palabra sobre el asunto
Un año y medio después de ingresar en prisión, Luiz Inácio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complejo tablero judicial y ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema, que este jueves retomará un juicio que, indirectamente, podría conducir a la excarcelación del expresidente brasileño.
El antiguo líder sindical, quien suma dos condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una encrucijada judicial y, tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país.
Lula (2003-2010) ya tiene derecho a la libertad condicional, pero la Justicia todavía no ha dado su última palabra sobre el asunto y el expresidente tampoco parece dispuesto a insistir en ello: «No cambio mi dignidad por mi libertad», ha dicho en diversas ocasiones.
El ex jefe de Estado, no obstante, sigue batallando en los tribunales por el reconocimiento de su «inocencia», pues considera que las acusaciones vertidas contra él son falsas.
- Primer ministro de Haití renuncia y da paso a un consejo de transición
- Cumbre del ALBA cierra haciendo un llamado contra la injerencia
- Anulan sentencia contra Harvey Weinstein en Nueva York
Prisión después de segunda instancia
La Corte Suprema tiene previsto retomar este jueves el análisis de una causa que no está relacionada directamente con el líder del Partido de los Trabajadores, pero que podría beneficiarle.
El Supremo debe determinar si es constitucional que se cumpla la pena de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros miles de reclusos en Brasil.
El propio tribunal ya se pronunció sobre la ejecución anticipada de penas en diversas ocasiones desde 2016, cuando autorizó la prisión después de que una condena sea ratificada en segunda instancia, aún cuando según la ley resten otras dos apelaciones.
En base a esa decisión, Lula fue preso en abril de 2018 para cumplir una pena de 8 años y 10 meses de prisión después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Hasta ahora, cuatro de los once miembros de la corte se inclinaron por mantener la jurisprudencia adoptada en 2016, al calor de la operación anticorrupción Lava Jato.
A pesar de que el juicio podría beneficiar a Lula, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, dejó claro que «lo que se analiza» ahora «no es un caso particular», sino el alcance del principio de la presunción de inocencia.
- Administración de Maduro designa a padrinos de Anzoátegui, Mérida y Zulia
- Maduro propone fortalecer la agenda ALBA 2030
- Incorporan a Corina Yoris a la Academia Venezolana de la Lengua
Habeas Corpus
Lula tiene un habeas corpus pendiente de análisis en el Supremo, que ya le ha negado otros anteriormente.
En concreto, este último cuestiona la actuación de Sergio Moro, el juez que le condenó en primera instancia en el llamado «caso del triplex» y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses desde la divulgación de una serie de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a Lula a prisión.
Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, sugieren que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la Lava Jato.
Esa es la tesis defendida por el Partido de los Trabajadores, que sostiene que Lula es víctima de una persecución política y judicial que tiene como objetivo apartarle del escenario político.
