La ley de Arizona se presenta como tema decisivo para las próximas legislativas en EE UU
La polémica ley de Arizona, cuyos principales artículos contra los inmigrantes ilegales fueron suspendidos antes de su entrada en vigor, inició este jueves su recorrido por un complicado laberinto judicial y, al mismo tiempo, irrumpió de lleno en el debate político como un asunto central que puede decidir la suerte de las próximas elecciones legislativas.
La oposición recibió la decisión de la juez Susan Bolton contra la ley como una bendición del cielo. Los republicanos estiman que, con unas encuestas que dan un 60% de respaldo a esa ley, el electorado castigará en noviembre al partido del presidente Barack Obama por haber presentado la denuncia que llevó el caso a los tribunales.
La seguridad ciudadana y la vinculación que muchos votantes hacen entre ese problema y la inmigración ilegal -especialmente procedente de México, donde se vive una aterradora ola de violencia-, es uno de esos asuntos de fácil comprensión entre el público y sencilla explotación electoral. «Es un tema de los que deciden unas elecciones, un problema que va a aparecer en cada debate electoral a partir de ahora», ha declarado el republicano John Boozman, uno de los muchos miembros del Congreso que compiten este año.
La ley de Arizona es el último gran símbolo del conservadurismo norteamericano. Apoyada por prácticamente todas las corrientes republicanas, desde Sarah Palin a John McCain, esa ley y su mensaje de tratar sin contemplaciones a los inmigrantes ilegales para frenar de una vez y para siempre ese flujo humano, se ha convertido en una bandera de la oposición.
La principal defensora de esa ley, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, una de las favoritas del movimiento Tea Party, es de repente una heroína de la derecha y, con toda probabilidad, su influencia se hará sentir durante la campaña electoral. Poco después de la decisión judicial que bloquea los principales aspectos de la ley, entre ellos el que criminaliza la inmigración ilegal, Brewer advirtió que «esta guerra no ha hecho más que empezar».
Un portavoz del Gobierno de Arizona confirmó ayer que la fiscalía del Estado interpondrá un recurso ante un tribunal de apelaciones contra la orden de la juez. Arizona solicitará la revocación de la suspensión de la ley hasta que exista una sentencia firme. Existen altas probabilidades de que el Tribunal Supremo acabe interviniendo en el caso.
Mientras tanto, se mantendrá en la esfera política, donde, pese al optimismo republicano, la ley de Arizona no necesariamente tiene que contar en contra de los demócratas. El fallo de la juez federal de Phoenix tiene, de entrada, la virtud de dar la razón a Obama, que recibe así una mayor autoridad moral para abordar la profunda reforma migratoria que pretende.
Además, con ese triunfo en los tribunales, la Casa Blanca evita una cascada de leyes migratorias distintas en cada estado que hubieran creado un clima de inseguridad jurídica para todos los extranjeros residentes en este país. Nueve estados habían anunciado ya leyes similares a la de Arizona mientras que otros varios habían dicho que no se sentían con competencia para legislar al respecto.
Obama queda ahora como el único responsable de promover una ley que sirva para todos. Eso puede acelerar el debate sobre una reforma migratoria y puede servir para situar por fin este problema en vías de solución. «Esto ayuda a que los demócratas encuentren soluciones», ha manifestado Raúl Grijalva, un congresista demócrata de Arizona.
Una de las soluciones tiene que servir también para responder a la preocupación legítima de la gente que observa la inmigración ilegal como un problema. En Arizona se calcula que hay más de 400.000 inmigrantes sin papeles. El envío, a partir de agosto, de 1.200 soldados de la guardia nacional, no puede ser la única medida.
