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La SIP expresa temor de dos áreas de peligro para la prensa en la reforma constitucional chavista.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) está en misión de análisis en Caracas de la libertad de expresión en Venezuela, de cara al referendo del próximo 2 de diciembre.

«Una es la posibilidad de suprimir el derecho a la información en los estados de excepción; y la otra es lo referente a la propiedad privada», indicó a la AFP Gonzalo Marroquín, presidente de la comisión de libertad de expresión de la SIP.

La misión de la SIP, que tiene planeada su asamblea anual para el mes de marzo en Caracas, por tercera vez consecutiva sufrió la negativa del gobierno del presidente Hugo Chávez a reunirse con cualquiera de los representantes de esta organización, que agrupa a los dueños y directivos de los principales medios impresos de Latinoamérica y Estados Unidos. En total son alrededor de 1.300 medios.

Este lunes, los comisionados de la SIP celebraron una jornada de diálogo e información con diversos sectores que hacen vida en el país.

Entre los interlocutores se contaron la Ong de Derechos Humanos, Provea; la empresa encuestadora, Consultores 21; el abogado constitucionalista Gerardo Fernández; la organización Periodistas por la Verdad; el alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa.

‘Boicot sutil’

También se hicieron preparativos para dar a conocer un comunicado que será hecho público este martes y que abordará las conclusiones de la misión.

Sobre las dificultades que la SIP ha tenido en la organización de su asamblea, Enrique Santos, codirector del diario EL TIEMPO, describió la situación como un «boicot sutil».

El directivo de la SIP señaló que se han encontrado dificultades de logística, como por ejemplo la reservación de los hoteles, que podrían indicar que hay un «ambiente hostil» hacia la asamblea.

Y aunque Santos no se atreve a tildarlo de campaña orquestada, por lo menos indica que «es sintomático».

Sobre todo si se toma en cuenta que, según denuncian, desde hace meses se envió correspondencia y peticiones de entrevistas a ministros y diputados.

En referencia al hecho de que la Asamblea Nacional declarara a la SIP ‘no grata’, el actual director de la institución, Earl Maucker, señaló que se sentían «decepcionados». El gobierno de Chávez insiste en que en su país hay una gran libertad de expresión y que la SIP ha intentado desvirtuar la reforma.

LAURA WEFFER
PARA EL TIEMPO
DESDE CARACAS

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