La televisión iraní emite confesiones forzadas de los estadounidenses detenidos
El Gobierno de Irán vuelve a recurrir a las confesiones para justificarse, en este caso por la detención de cuatro ciudadanos irano-estadounidenses. La televisión iraní anunció ayer a bombo y platillo un programa especial, bajo el título En el nombre de la democracia, en el que dos de los detenidos aseguran formar parte de un complot de Estados Unidos para desencadenar una revolución de terciopelo en la República Islámica. La emisión, que incluye también confesiones de académicos, se realizará mañana por la noche y se repetirá de nuevo el jueves.
En el avance del programa difundido ayer, se muestra a la académica Haleh Esfandiari y al urbanista Kian Tajbakhsh intercalados con imágenes de archivo de revueltas civiles en Europa del Este y en Irán. Ambos, detenidos bajo la acusación de poner en peligro la seguridad nacional, aparecen con ropa de calle, y no con el uniforme de presos, y se expresan en persa, su lengua materna. Irán ya recurrió a una estratagema similar el pasado marzo cuando detuvo a varios marinos británicos por haber violado sus aguas territoriales, que luego dijeron haber sido obligados a autoinculparse.
«Fui un agente de la revolución de terciopelo en Georgia», confiesa Esfandiari, en referencia a las protestas de noviembre de 2003 en la ex república soviética que obligaron a dimitir al presidente Eduard Shevardnadze.
La académica fue encarcelada en mayo, después de sufrir el robo de sus dos pasaportes (iraní y estadounidense) cuando el pasado 30 de diciembre se dirigía al aeropuerto para regresar a Washington. Durante todo ese tiempo los servicios secretos iraníes la interrogaron repetidamente. Esta mujer de 67 años, que dirige el programa de Oriente Próximo en el Centro Internacional Woodrow Wilson, había viajado a Teherán para visitar a su madre enferma.
El Ministerio de los Servicios Secretos de Irán acusa a Esfandiari de tratar de poner en pie redes de iraníes con el objetivo de lanzar una revolución de terciopelo que derribe al régimen islámico, a la manera de lo ocurrido en algunos países comunistas del Este de Europa. Una acusación similar atribuye a la Fundación Soros, para la que trabaja como consultor Tajbakhsh, de 45 años.
«Como si la Fundación Soros hubiera causado los cambios en Georgia y las otras repúblicas ex soviéticas», comenta incrédula Asma Jahangir, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. Ese organismo entregó recientemente una carta al embajador de Irán en Islamabad expresando su preocupación por los cuatro detenidos. «No hemos recibido respuesta», dice Jahangir.
«Tras el colapso del comunismo y de la Unión Soviética, la Fundación Soros se puso como objetivo el mundo islámico», lee el urbanista en el corte del vídeo que ayer mostró la televisión iraní. El avance, que no explicaba el contexto en el que estaban hechas las declaraciones, también incluye comentarios del intelectual irano-canadiense Ramin Jahanbegloo. Tras permanecer detenido durante cuatro meses el año pasado bajo acusaciones similares, Jahanbegloo quedó en libertad después de declarar a la agencia oficial de noticias iraní, Irna, que su trabajo «iba en contra del interés nacional» y de pagar una elevada fianza que le obligó a hipotecar su casa.
En los últimos meses, las autoridades iraníes han impedido también la salida del país de otros dos irano-estadounidenses. Irán no reconoce la doble nacionalidad y de acuerdo con sus leyes son exclusivamente ciudadanos iraníes. Se trata de Ali Shakeri, miembro fundador del Centro para la Construcción de la Paz de la Universidad de California, y Parnaz Azima, una periodista de Radio Farda, emisora en persa financiada por EE UU.
Azima es la única que se encuentra en libertad tras haber depositado una fianza. Según el Wilson Center, Esfandiari se encuentra aislada en la prisión de Evin y no se le permite recibir visitas ni de su familia ni de sus abogados, a pesar de que su defensa está encabezada por la premio Nobel de la Paz Shirín Ebadí. Además, las organizaciones internacionales de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado su preocupación por la salud de los detenidos.
