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Líderes mundiales exigen abolir ya la pena de muerte para delitos de drogas

Líderes mundiales, unidos bajo la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, exigieron este lunes abolir inmediatamente la pena de muerte por delitos de drogas en los 33 países que aún aplican ese castigo.

Los expertos denunciaron que, cada día, se perpetran «significativos abusos de derechos humanos» en nombre del control de las drogas: desde pena de muerte y ejecuciones extrajudiciales, hasta tortura, pasando por acciones de brutalidad policial y programas «inhumanos» para el tratamiento de personas adictas.

«Los estados deben abolir la pena de muerte para todas las ofensas relacionadas con drogas», pidió la expresidenta de Suiza Ruth Dreifuss en Washington durante la presentación del informe, titulado «Avanzando la reforma de la política de drogas: un nuevo enfoque para la descriminalización».

En una rueda de prensa, los expertos denunciaron que 33 países mantienen en sus leyes el castigo de la pena capital para ofensas relacionadas con el uso personal de estupefacientes.

En declaraciones a EFE, Dreifuss alertó que los individuos más afectados son los quedan al final de la escala del tráfico de drogas, como los agricultores de coca o de opio, los «consumidores comerciantes» que venden droga para pagar su propia dosis y los «mensajeros» que se encargan de transportarla.

En la lista de 33 países, hay un grupo de seis que aplica frecuentemente la pena de muerte para los delitos de drogas: China, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, Singapur y Vietnam, nación que eliminó la pena capital para delitos de drogas en julio de 2016, pero la mantuvo para otros vinculados con estupefacientes.

«Los países que más nos preocupan están en Asia, es el grupo de naciones que impone una lectura radical de la sharía (ley islámica). Si a esa parte del mundo le añades China, tenemos en frente a una gran porción del mundo a la que tenemos que convencer de que la pena de muerte atenta contra los derechos humanos», resumió Dreifuss.

Ejecuciones

En su informe, los expertos alertan de un incremento de ejecuciones entre 2014 y 2015, intervalo en el que las personas condenadas a muerte por drogas pasó de 41 a 64 en Arabia Saudí, y de 367 a 368 en Irán, donde si alguien es culpable de un delito de drogas la única condena que puede imponer el juez es la muerte.

En línea con ese crecimiento, los expertos destacan en su informe que, después de ejecutar solo a dos personas por delitos de drogas entre 2007 y 2012, Indonesia llevó a cabo 14 ejecuciones en 2015 y otras cuatro en julio de 2016.

Más allá de las ejecuciones, los expertos denunciaron que en algunos países los actores estatales actúan fuera del marco de la ley en nombre del control de drogas, como en Filipinas donde el presidente Rodrigo Duterte llamó a la ciudadanía a ejecutar a todos aquellos involucrados en el tráfico de drogas.

Además, en el informe, alertaron que China y varios países del Sudeste Asiático retienen a la fuerza a consumidores de drogas en centros de detención, donde son privados de libertad y son forzados a la desintoxicación, mientras sufren maltratos, tortura, abusos físicos y sexuales y se les obliga a hacer trabajos forzados.

En algunos casos, los propios familiares son los que piden el ingreso de un pariente en estos centros de detención del Sudeste Asiático, donde 235.000 personas están retenidas de manera forzada, muchos de ellos niños, según el estudio.

Por todo ello, la Comisión Global de Políticas sobre Drogas instó a los estados a implantar un modelo político en el que no haya sanciones, ni criminales ni civiles, contra las personas que usan drogas.

«Tomar el control»

Según destacó el exalcalde de Praga Pavel Bém en la rueda de prensa, Portugal es el ejemplo a seguir porque ha conseguido ahorrarse un 18% en gasto público debido a un descenso del encarcelamiento desde que despenalizó en 2001 el uso personal de sustancias ilícitas.

En 13 años, además, Portugal ha logrado un descenso del 85 % los índices de transmisión de VIH y de un 91% en los nuevos casos de sida entre las personas que usan drogas.

Los expertos defienden que la descriminalización es un paso vital en la dirección correcta para una reforma a la política de drogas, pero piden a los gobiernos regular los mercados de sustancias ilícitas, desde su producción hasta su distribución, con el fin de acabar con el poder financiero de los grupos del crimen organizado.

Bajo su punto vista, los gobiernos deben «tomar el control» del mercado ilícito para que las personas consuman drogas seguras y no adulteradas con productos dañinos, mientras que al mismo tiempo establecen restricciones de edad y otras medidas para controlar el acceso al mercado, como se hace con el alcohol y el tabaco.

El informe presentado es el último de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, fundada en 2011 y que agrupa a 23 figuras influyentes, como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, expresidentes de países latinoamericanos, como el chileno Ricardo Lagos, y también el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

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