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Lula pierde la batalla y Petrobras será investigada por el Congreso

Petrobras, una de las cinco mayores empresas de energía del mundo, será objeto de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Senado brasileño, donde la oposición consiguió ayer las firmas de 32 senadores, cinco más que el mínimo necesario, para abrir una investigación sobre el gigante del petróleo por supuestas irregularidades y acusaciones de corrupción. El Gobierno tenía de tiempo hasta media noche para conseguir que seis senadores retirasen su firma del documento. Solo dos de ellos lo hicieron: Cristovam Buarque del Partido Democrático de Brasil (PDT) y Adelmir Santana, del oposicionista DEM (Demócratas) por lo que el Gobierno ha perdido la batalla. Es la primera gran derrota de Lula en sus siete años de gobierno.

Una investigación pública de Petrobras (las sesiones de las CPI son televisadas) constituye sin duda el mayor y más arriesgado gesto de la oposición contra el Gobierno que lo último que deseaba, y menos en este momento de crisis económica mundial, es una investigación parlamentaria de la joya de la corona de la economía brasileña. Lula siempre ha dicho, no sin cierto orgullo nacional, que «Brasil es Petrobras y Petrobras es Brasil».

La apertura de una investigación sobre la conducta de Petrobras, a la que la oposición ha acusado varias veces de haberse convertido en una extensión del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT), ha sido, para sorpresa del Ejecutivo, una determinación del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fundado por el ex presidente de la República Fernando Henrique Cardoso, quien se ha mantenido firme hasta el final, sordo a los cantos de sirena del Gobierno, que le pedía una marcha atrás.

Lula rompió ayer por la tarde el silencio calificando al PSDB de irresponsable. «No es una CPI del Congreso Nacional. Es mucho más una CPI del PSDB. Me parece extraño que un partido que ha gobernado al país ocho años tome una actitud irresponsable como esa. Parece una pelea de adolescentes. No tiene explicación lógica», afirmó.

Viendo que el PSDB había hecho de la CPI de Petrobras su primera bandera de verdadera oposición en los siete años de Gobierno de Lula, los partidos aliados consiguieron abrir una brecha en el segundo mayor partido de la oposición, Demócratas (Dem), que había pedido un aplazamiento de la creación de la CPI, por lo menos hasta que el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, del PT, se presentase ante una sesión pública del Senado para dar su punto de vista.

Gabrielli llegó a trasladarse a Brasilia, pero todo fue inútil. El PSDB, al que el Dem acabó siguiendo, pidió que se leyese el acta de constitución de la CPI, sin duda la más importante y de mayor envergadura después de la creada en 2005 para investigar la supuesta corrupción en el seno del Gobierno de Lula, acusado de sobornar a diputados para que votaran a favor de sus proyectos de ley.

El Ejecutivo tiene varios temores. En primer lugar, se sabe cómo empieza una CPI, pero no cómo acaba. Tiene poderes muy fuertes de investigación y el Gobierno no debe ver con buenos ojos que la policía federal pueda intervenir, a petición del Senado, en una investigación a fondo de las presuntas irregularidades de la empresa.

En segundo lugar, el Gobierno teme que tal investigación parlamentaria pueda dañar gravemente la imagen que Petrobras tiene dentro y fuera del país, con posibles consecuencias en la economía, ya que se trata de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Es lo que ha repetido Gabrielli, quien ha alertado en vano de que la CPI «puede dañar gravemente a la empresa». El senador y economista Aloisio Mercandante, del PT, ha visto en la maniobra de la oposición de echarle el diente a Petrobras, que lleva años en manos del PT, una anticipación de la campaña electoral para las presidenciales de 2010.

Por su parte, la oposición, sobre todo el PSDB -el que más posibilidades tiene de colocar el año próximo un aspirante creíble a la sucesión de Lula para desbancar a su candidata, la ministra Dilma Rousseff-, ha querido probablemente quitarse el sambenito de permanecer «muda e inerte» frente a la avalancha política del lulismo, que amenaza con convertirse en una especie de régimen llamado a perpetuarse.

Los líderes del PSDB han respondido a las acusaciones del Gobierno afirmando que lo que pretende la CPI es limpiar la imagen de Petrobras de las acusaciones de corrupción y que la transparencia en una empresa es lo que le da más prestigio. «La palabra más importante hoy en todas las empresas es la transparencia», afirmó ayer en el plenario Tarso Jereissati, del PSDB. La oposición ha insistido en que no se podía continuar con una situación en la que Petrobras «había saltado a las crónicas policiales del país».

A la gran petrolera se la acusa de tres cosas: presuntas irregularidades en la refinería Abreu Lima de Pernambuco, corrupción en la distribución de primas a las alcaldías de los lugares en los que se extrae el petróleo, y haber dejado de pagar al fisco 4.300 millones de reales. A ello hay que añadir la sospecha de que el PT haya podido estar usando a Petrobras como fuente de prebendas y financiación para el partido o como oficina de empleo para personas sin más méritos profesionales que los de pertenecer al partido gubernamental.

Ahora la batalla será por conseguir la presidencia y la relatoria de la Comisión de Investigación que se la disputan tanto el Gobierno como la oposición.

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