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Maduro está en lista que lo vincula con presunto blanqueo de capitales en Panamá

Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, integra la lista de 55 venezolanos considerados Persona Políticamente Expuesta, que fue publicada por el gobierno de Panamá este jueves, 29 de marzo. En el listado se les vincula con el blanqueo y la financiación del terrorismo. La resolución implica supervisión financiera «reforzada», de los activos, cuentas y capitales que los enlistados posean en ese país.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Maikel José Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), son otros de los altos funcionarios que acompañan a Maduro en la lista.

El listado fue elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas e incluye a 55 personas naturales y 16 jurídicas, entre las que destacan las de origen venezolano.

Adán Chávez, hermano de fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013) y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), son mencionados en la lista «de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».

En el texto, que ha sido divulgado y distribuido para su cumplimiento en las entidades financieras panameñas, se estableció la revisión de cualquier transacción que personas naturales y jurídicas en Panamá pudieron realizar con los sujetos integrantes del listado y se prohíbe expresamente toda transacción con los involucrados a partir de esta divulgación.

La medida fue anunciada previamente por el Ministerio de Economía panameño, el miércoles, 28 de marzo. En total se emitieron dos resoluciones, que forman parte de las disposiciones para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo.

Dentro de la resolución se utiliza el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP) para aplicar la restricción, expresión estipulada en la legislación panameña y que se refiere a funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiera.

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