Mesa en manos del Congreso
El clima que se vive no sólo en La Paz, sede del gobierno, sino a lo largo del país es de incertidumbre y alta expectativa.
El lunes por la noche, la BBC caminó por la Plaza Murillo de La Paz, donde se encuentran ubicados el Parlamento y la Casa de Gobierno, y pudo ver a varios grupos de personas que se habían acercado allí para expresar su apoyo al presidente Mesa.
Entre ellos estaba la ministra de Trabajo de Bolivia, Audalia Zurita, quien se mostró confiada en que el Parlamento terminará rechazando la renuncia de Mesa y agregó:
«Al margen de lo que decida el Parlamento, lo que el país precisa es un pacto de gobernabilidad, porque no es posible continuar gobernando como hasta ahora: apagando incendios».
En las escalinatas de la catedral, también ubicada en la Plaza Murillo, una docena de manifestantes había adoptado una medida más drástica: se había declarado en huelga de hambre en apoyo al presidente.
Se espera que iguales escenas se vivan este martes cuando el Parlamento comience su sesión, la cual está pactada para las cuatro de la tarde, hora local.
Otra vez «El Alto»
La situación en El Alto, una localidad ubicada a doce kilómetros de La Paz, es bastante diferente.
Allí, al igual que en otros puntos del país, los opositores del presidente han bloqueado varias carreteras y caminos en los últimos días.
Como durante la crisis de octubre del 2003, cuando renunció el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y asumió Carlos Mesa, entonces su vicepresidente, El Alto se ha convertido algo así como en el centro neurálgico del conflicto.
El Alto es una localidad de bajos ingresos, donde uno de los opositores de Mesa, Abel Mamani, encabeza desde el miércoles pasado un paro general de actividades.
En el centro de la disputa está la empresa Aguas de Ilimani, que es controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux.
Madani y su gente exigen que el gobierno rompa el contrato con esta empresa, que está encargada del suministro de agua en El Alto y en La Paz, por considerar que su servicio es deficiente.
El gobierno sostiene que una ruptura del contrato acarrearía serios problemas para el país, entre ellos, un posible juicio por U$ 50 millones.
Regalías petroleras
El otro conflicto tiene que ver con la Ley de Hidrocarburos y con las petroleras multinacionales que operan en el país.
Aquí quien parece llevar la voz cantante es el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y líder cocalero, Evo Morales.
Morales viene exigiendo que en la nueva Ley de Hidrocarburos que se discute en el Parlamento establezca un aumento del 18 al 50 por ciento en las regalías que pagan las empresas al Estado para producir crudo.
El presidente Mesa ha subrayado una y otra vez que una medida así terminaría perjudicando a Bolivia, porque la «comunidad internacional está en contra.»
Según los analistas, la renuncia presentada por Mesa era la última carta que le quedaba por jugar al presidente frente a la fuerte embestida de la oposición.
A juzgar por lo que señalan los medios locales, la estrategia estaría dando resultado.
Se cree que, si bien Mesa cuenta con poco respaldo propio en el Parlamento, los parlamentarios se unirán en una «mayoría patriótica» para evitar la renuncia del presidente.
El mismo Morales ha señalado en las últimas horas que está de acuerdo con que Mesa continúe en el cargo hasta el final de su mandato, en agosto del 2007.
Preguntas
Por lo pronto, el Parlamento deberá decidir por mayoría simple si el Presidente Mesa se va o se queda.
Los analistas creen que si el Parlamento rechaza la renuncia, Mesa saldrá fortalecido y podrá gobernar con mayor soltura que hasta el momento.
Pero la gran pregunta es qué sucederá después, ya que la crisis que vive actualmente Bolivia es la continuación de la que terminó con el gobierno del predecesor de Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada.
El gran temor es que la actual situación desemboque en violencia, tal como ocurrió en octubre de 2003, cuando hubo decenas de muertos en los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
El presidente Mesa ha dejado claro que esta vez no se utilizará la fuerza para detener a los manifestantes. Según la ministra de trabajo, Audalia Zurita, «queda únicamente el camino del diálogo, pero en la experiencia de los últimos meses, el diálogo ha sido infructuoso».
