Naciones Unidas advierte a Maduro sobre redes de trata de personas en Venezuela

Cuando en un primer momento no se tenían mayores noticias acerca de los 16 menores venezolanos que fueron deportados por Trinidad y Tobago a nuestro país, uno de los principales temores apuntaba a la posibilidad de que hubieran sido víctimas de las redes de trata de personas que operan por la zona. Afortunadamente, el grupo apareció y ahora está a la espera de lo que decidan las autoridades trinitenses. Pero la preocupación se mantiene ante una actividad que en medio de la crisis humanitaria acentúa la vulnerabilidad para los venezolanos fronteras adentro y también de aquellos que se han visto forzados a buscar mejores condiciones de vida en otras latitudes.

A propósito de esta situación, la Organización de Naciones Unidas envió el 14 de septiembre pasado una carta dirigida a Nicolás Maduro, en la que un grupo de funcionarios de la entidad, encabezado por Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, alertó de la posible existencia de redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual que operarían tanto en territorio venezolano como en Trinidad y Tobago.

Tenebrosa estructura

La detallada misiva hace mención a la desaparición de al menos 73 personas, que se dirigían de Venezuela a las islas de Curazao y Trinidad y Tobago en tres embarcaciones distintas durante el periodo comprendido entre abril y julio 2019.

Refiere el informe, que según el testimonio de los migrantes que viajaban en los barcos Jhonnaly José, Ana María y La Vela de Coro, las mujeres habrían sido captadas en Venezuela mediante el ofrecimiento de trabajar en hoteles o peluquerías en Trinidad y Tobago y una vez llegadas a la isla, serían obligadas a trabajar como trabajadoras sexuales o a trabajar sin salario hasta pagar el costo del pasaje y los gastos de manutención en la nación caribeña.

Especifica la carta de los relatores de la ONU a Maduro acerca de la existencia de una lista gestionada por dos mujeres, una en Venezuela y otra en Trinidad y Tobago, así como por el capitán de la embarcación, que presumiblemente se endeudaron con las dos mujeres para pagar su pasaje. Además, se indica que la identificación de las mismas se habría hecho con la connivencia de funcionarios del Estado venezolano.

Silencio oficial

Asimismo, se informa que el capitán de la embarcación habría enviado fotos de mujeres venezolanas a su contacto en Trinidad y Tobago, quien habría escogido a aquellas que le interesaban y una vez confirmadas se coordinaría con otra tercera persona para la conformación de diversos grupos

Además, la persona encargada del reclutamiento en Venezuela habría hospedado a las mujeres en un hotel unos días antes de la salida, y posteriormente, en el día fijado las habría enviado a la embarcación, en un taxi que conducía otro miembro del grupo, para ser trasladadas a Trinidad y Tobago. Según la información recabada, habría dos Guardias Nacionales (GNB) detenidos por haber contribuido a la confección de la lista con al menos cuatro mujeres.

Ante estas graves denuncias, la gestión de Nicolás Maduro no ha ofrecido alguna respuesta a la investigación llevada a cabo por los relatores especiales de Naciones Unidas.

Gestión criminal

Por otro lado, en otro hecho que fue condenado por la ONU, el comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino, Julio Borges, se refirió este viernes al caso del asesinato del concejal Fernando Albán, que fue documentado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y que ratificó la incoherencia en las versiones sobre la muerte del dirigente de Primero Justicia, al tiempo que sostuvo que continúan luchando por la justicia universal para que los responsables sean juzgados.

«El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la Corte Penal Internacional como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger (R2P). Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado«, aseguró el dirigente político.