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Nuevo régimen de transición preocupa en Ecuador

La aprobación de la vigésima Constitución en Ecuador dio paso a una etapa de transición en la que legislará temporalmente una mayoría oficialista, cuyo trabajo ya es cuestionado de antemano por la oposición por considerarlo ilegal y antidemocrático.

El presidente Rafael Correa dijo el lunes durante una reunión con la prensa extranjera que «ha sido satanizada» la iniciativa del denominado «régimen de transición» y la defendió diciendo que es «bastante» democrática.

Junto con la nueva carta política de 444 artículos, ratificada con casi el 64% de votos a favor, según datos oficiales, se aprobó un régimen de transición de 29 cláusulas que convoca a otro proceso eleccionario y permite la conformación temporal de las instituciones del Estado.

Este período se extendería hasta febrero del 2009, cuando se prevé la elección de nuevas dignidades como presidente y vicepresidente de la república, asambleístas (antes diputados), alcaldes y prefectos (gobernadores) y otras autoridades regionales.

Mientras termina de conformarse la nueva estructura institucional del país, «rige el nuevo régimen de transición», ratificó el presidente Rafael Correa la noche del domingo tras conocer los primeros resultados extraoficiales.

Señaló que existe «un plazo perentorio (mínimo 60 y máximo 360 días) para una serie de leyes que hay que hacer … para complementar la nueva constitución».

La tarea legislativa la asumirá una comisión que deberá nombrar la Asamblea Constituyente, al reinstalarse cinco días después de proclamados los resultados oficiales. También deberá integrar una Corte Electoral, ambas con carácter temporal.

La primera deberá organizar un concurso público para seleccionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la segunda para conformar una Corte Nacional de Justicia. A su vez, el Consejo de Participación elegirá a otras autoridades y funcionarios de menor jerarquía.

La fase de transición fue incluida en el texto constitucional recién aprobado luego de que lo elaborara y aprobara una mayoría oficialista (78 de un total de 130 miembros) de la Asamblea Constituyente, pese a las críticas de la minoría de oposición.

Según María Paula Romo, ex asambleísta del partido de gobierno, Acuerdo PAIS, «con esta herramienta importante se democratizarán los sistemas político y económico en el país» para dar «iguales oportunidades a todos».

Desestimó las versiones sobre el inicio de una etapa que permitiría una concentración de poder en el Ejecutivo.

El catedrático de la Universidad Andina, Hernán Reyes, en declaraciones a la AP aseveró que «esta etapa de cambio es necesaria, pero deberá ser ordenada, corta y confiable».

Para el analista político César Montúfar, el régimen de transición dará paso a «un proceso de concentración de poder del presidente y de erosión de la independencia de las funciones», necesaria en todo estado democrático. Se debió esperar para realizar nombramientos definitivos, acotó.

Enrique Herrería, constitucionalista, destacó a la AP que se ha consolidado un estado «totalitario» en el que el ejecutivo, a través del régimen de transición, «podrá designar a todas las autoridades de las funciones del Estado».

«Se ha roto la democracia, porque no existen los contrapesos indispensables para que las funciones se autofiscalicen», añadió.

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