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Obama reactiva juicios militares

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenará la reanudación de los juicios en tribunales militares para algunos de los sospechosos de terrorismo detenidos en la base de Guantánamo, en Cuba.

En un breve comunicado distribuido por la Casa Blanca en la tarde del viernes, Obama destacó la «larga tradición del sistema de comisiones militares» en su país.

«Son las apropiadas para procesar a los enemigos que violan las leyes de la guerra, siempre que estén bien estructuradas y bien administradas», afirmó el mandatario, quien anunció que presentará al Congreso los cambios en el sistema.

Las denominadas Comisiones Militares fueron dejadas en suspenso para su revisión a la llegada de Obama al poder a principios de 2009, al mismo tiempo que se ordenó el desmantelamiento de la prisión de Guantánamo «en el lapso de un año».

Comisiones cambiadas
Entre los cambios previstos se limitará la evidencia basada en rumores o en fuentes no confirmadas, así como la obtenida por tratamiento cruel, inhumano o degradante (la definición de tortura).

Además, los detenidos tendrán posibilidades de elegir sus propios asesores legales.

Sin embargo, todavía no se garantizan todos los derechos consagrados en las normas y la Constitución, lo que es criticado por grupos de defensa de los derechos humanos.

Los juicios militares no se reanudarán inmediatamente. Las 20 comisiones que se han activado volverán al trabajo dentro de cuatro meses, mientras se ajustan los detalles legales con los que el gobierno quiere corregir los problemas para dar más derechos a los procesados.

Críticas humanitarias
La decisión no es del agrado de grupos de derechos humanos que en enero aplaudieron la suspensión de las Comisiones Militares a las que calificaban de «injustas», ya que no daban todas las garantías del proceso legal que establecen las normas estadounidenses.

«No hay un detenido en Guantánamo que no pueda ser procesado y no deba ser procesado en el sistema regular de cortes federales», aseguró Jonathan Hafetz, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés).

«Es desilusionante que Obama esté buscando revivir, en vez de terminar este experimento fallido», añadió Hafetz, para quien incluso con las correcciones y garantías procesales que promete el gobierno las comisiones no tendrían «legitimidad».

Hasta grupos políticamente cercanos a Obama cuestionan la decisión, como dijo a BBC Mundo Ken Gude, director de Derechos y Responsabilidad Internacional del Centro para el Progreso Estadounidense, una oficina de estudios políticos de tendencia liberal con sede en Washington.

«No pienso que las comisiones militares sean la mejor manera de proceder», afirmó Gude, quien cuestiona a quienes piensan que ese sistema es la mejor alternativa de manejar casos de personas acusadas de crímenes de guerra o de terrorismo.

«Eso sería cierto si estuviéramos partiendo de cero en 2009, pero claro que no es el caso porque tenemos la experiencia de siete años del gobierno de (George) Bush, durante los cuales las comisiones fueron ampliamente percibidas como profundamente equivocadas e injustas», completó.

Aliados inesperados
La molestia entre los grupos de derechos civiles se suma a la generada por el anuncio del miércoles de que el presidente Obama revirtió su decisión de entregar fotografías sobre el tratamiento de prisioneros por parte de militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

Las últimas decisiones sobre el manejo de los detenidos por terrorismo le han creado problemas al presidente Obama entre sus simpatizantes y traído cumplidos políticamente «tóxicos» de sus opositores conservadores.

El senador republicano Lindsey Gram, del Comité de las Fuerzas Armadas, elogió la decisión del gobierno de reestablecer las comisiones militares como «un paso para fortalecer» la seguridad nacional.

«Sigo creyendo que está en el interés de nuestra seguridad nacional distanciarnos de los pasados problemas de Guantánamo (…) Es tiempo de empezar de nuevo y apuntalar nuestras políticas de detención», afirmó Gram.

En sus años como senador y durante su campaña electoral, Obama -cuya profesión es abogado- fustigó las comisiones militares por considerar que violaban las leyes estadounidenses e incluso votó contra su formación en 2006, cuando el Congreso creó el sistema.

En esa ocasión Obama votó en contra de la norma que establecía los tribunales militares, a la que calificó de «descuidada» y dijo que no era «la manera como un gobierno serio debería aproximarse al problema del terrorismo».

El vecino extremista
En Guantánamo hay unos 240 reclusos, 20 de ellos tienen un procedimiento abierto en las comisiones militares y 13 en tribunales federales, según información oficial.

Los demás están en un limbo jurídico, amparados por la Convención de Ginebra para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, pero sin posibilidades de ser llevados a juicio o de ser liberados.

Al limitar el uso de evidencia obtenida por técnicas de interrogatorios «duras» se amplían las posibilidades de que, si son enjuiciados, los cargos contra muchos prisioneros sean desechados en los tribunales.

Pero el gobierno tiene el problema adicional de no saber qué hacer incluso con aquellos que pueden ser liberados, algunos de los cuales no son aceptados de regreso por sus países de origen.

Como Guantánamo debe ser cerrada, muchos empiezan a temer que los prisioneros, a los que califican de «extremadamente peligrosos», sean traídos a cárceles en territorio estadounidense.

Incluso un grupo de congresistas republicanos presentó un proyecto de ley que impediría al gobierno trasladar a los presos de Guantánamo a Estados Unidos.

Ken Gude dijo a BBC Mundo que esa discusión era «simplemente ridícula».

«En los últimos 25 años, traer sospechosos de terrorismo a Estados Unidos para su enjuiciamiento y encarcelamiento ha tenido un historial exitoso. Más de una docena de los terroristas más peligrosos del mundo han sido capturados fuera y traídos acá para sus juicios», precisó.

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