OEA convoca sesión por deuda argentina
La OEA convocó una sesión extraordinaria de su consejo permanente el lunes para considerar la solicitud de Argentina de reunir a los ministros de Exteriores el jueves en Washington con el fin de analizar la reestructuración de la deuda del país, que mantiene un litigio con fondos especulativos.
La OEA aseguró en un comunicado divulgado a través de su página web que el canciller argentino, Héctor Timerman, y el titular de Economía, Axel Kicillof, informarán aspectos de reestructuración de la deuda si se convoca a los titulares de Exteriores de la región el jueves en Washington.
El Tribunal Supremo de EE.UU. desestimó este mes revisar un fallo que ordenó a Argentina pagar 1.300 millones de dólares a los fondos de inversión que no aceptaron los canjes de su deuda soberana tras el cese de pagos de 2001.
Argentina asegura que el pago que exigen los fondos especulativos obligaría al país a suspender pagos, especialmente sí acarrea el pago equitativo a quienes aceptaron la reestructuración de bonos, que podrían reclamar al país 124.000 millones de dólares, cifra inabordable para las reservas argentinas.
La deuda que Argentina contrajo con los “fondos buitre” se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el llamado “corralito” en el país latinoamericano.
Desde entonces, el Gobierno Argentino ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron un 93 % de los acreedores, quedando este 7 %, los “buitres”, que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100 % de pago.
El juez federal estadounidense Thomas Griesa dictó un fallo a favor de los fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago íntegro de su deuda y rechazó el jueves la solicitud de ese país de suspender la medida que la obligaba a pagar a los demandantes para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.
Además, Griesa consideró este viernes “ilegal” el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados, a lo que el Gobierno argentino replicó que la decisión es “insólita” e “inédita” y constituye un “abuso de autoridad”.
