ONU: interferencia política socava independencia de la justicia en Venezuela
«La interferencia política, con inclusión de las estrechas relaciones que existen entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el Gobierno y el partido gobernante socavan la independencia del sistema de justicia en Venezuela». Esta es una de la consideraciones formuladas en un nuevo informe presentado por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que denuncia también los graves abusos y violencia a los que están siendo sometidos los trabajadores del Arco Minero del Orinoco.
La investigación llevada a cabo por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con base en entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, estima que la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias, aunadas a la interferencia política, ympide que el poder judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los derechos humanos y contribuya a generar impunidad y la persistencia de las violaciones de estos derechos.
Altos niveles de impunidad
Resaltan además que las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia, lo que redunda en su revictimización, al tiempo que hacen un llamado al Ministerio Público para que «tome medidas significativas que reduzcan los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género».
En este sentido, ACNUDH insta al Gobierno de Nicolás Maduro para que emprenda las reformas del poder judicial anunciadas en enero de 2020, con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia.
Asimismo, piden que se ponga fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y asegure que la jurisdicción de estos se limite a los delitos militares cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas y que cese inmediatamente cualquier acto de intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia.
Explotación y violencia en el Arco Minero
El informe presentado este miércoles en Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace énfasis en la situación existente en el Arco Minero del Orinoco, apuntando que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos«.
Añade que esos grupos aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.
El documento agrega que estas mafias mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares y advierte que grupos guerrillero armados han tomado el control de ciertas minas en la parte central del estado de Bolívar y también en la parte oriental, cerca de la frontera con Guyana.
Población infantil vulnerable
Del mismo modo, la investigación dirigida por Michelle Bachelet denuncia el fuerte aumento desde 2016 de la prostitución, la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes, así como la presencia de niños de nueve y diez años trabajando en las minas.
Ante esta dramática situación, la ACNUDH pide a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
