ONU preocupada por negación de entrada de comisión contra corrupción en Guatemala
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó este miércoles su «profunda preocupación» ante la decisión del Gobierno de Guatemala de negar el acceso al país al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.
«La Cicig y su titular desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en Guatemala. El secretario de la ONU tiene una profunda preocupación respecto a esta decisión», señaló el organismo internacional a través de un comunicado divulgado este martes.
Las autoridades guatemaltecas, que acusan a Velásquez de atentar contra la seguridad y la paz del país, anunciaron la semana pasada, además, que no renovarían el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, por supuestamente sembrar el terror judicial y llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias.
La nota agrega que Guterres «ha pedido» a Velásquez que continúe con su trabajo al frente de la Cicig desde «fuera de Guatemala» hasta que haya «una mayor claridad» en torno a lo sucedido.
«El secretario general anima al Gobierno de Guatemala a continuar buscando una solución mediante el diálogo», concluye el comunicado.
La Cicig fue creada en 2007 por la ONU y el Gobierno de Guatemala y ha destapado grandes casos de corrupción, entre ellos uno que llevó a la captura del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).
La ONU tiene serias dudas sobre la decisión del Gobierno de #Guatemala de impedir la entrada al Comisionado @Ivan_Velasquez_ . @antonioguterres le ha pedido que continúe al frente de la @CICIGgt desde el exterior 🔽 pic.twitter.com/beF7GUFrEJ
— Noticias ONU (@NoticiasONU) September 5, 2018
El Ministerio Público y la Cicig emprendieron una cruzada desde 2015 contra la corrupción y sus investigaciones han salpicado a miembros cercanos al presidente Jimmy Morales, a su partido y a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes se enfrentan a un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
La decisión de no renovar la Cicig ha abierto una nueva crisis política, pues algunas entidades nacionales e internacionales ven en ella un paso atrás en la lucha contra la corrupción.
