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ONU reclama a Maduro medidas que detengan «graves violaciones de derechos»

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este jueves un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas paras «detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales».

 

El informe, que presenta la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.

Graves denuncias

El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, la Administración de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

«Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho», explicó Bachelet.

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En el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

Manifestantes opositores se enfrentan en el este de Caracas a efectivos antimotines de la Guardia Nacional / Foto: EFE

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

La crisis económica

En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

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Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el gobrnante Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno chavista, hasta el presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras su visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Paulatina militarización de las instituciones

«Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes», declaró la alta comisionada Bachelet.

La expresidenta de Chile detalla la «paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década». En el período que abarca el informe, «tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».

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La exmandataria, además, apunta contra los grupos armados civiles del chavismo conocidos como «colectivos», y afirma que «han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».

El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 «son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos».

«La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada», denuncia el informe. En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad», en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio chavismo. Sin embargo, señala el documento, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores», refiere el documento.

Sin libertad

El informe indica también que hasta el 31 de mayo de 2019 había 793 personas «privadas arbitrariamente de libertad», entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. «La mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada», denuncia Bachelet.

«Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial», agrega la alta comisionada para los DDHH.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que «el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido», mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes. «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes», indicó Bachelet.

También denuncia en su informe que el «Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria». La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto «se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos».

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Las penurias en los hospitales

«La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos», confirma la ex presidente chilena que en el informe cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 muertes por falta de suministros.

EFE

Exhortó a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo.

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El documento también denuncia «la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena» y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados: «La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra».

Lo que merecen los venezolanos

Bachelet interpeló directamente al gobierno de Maduro: «Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas».

Y, además, hace un llamado internacional. «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando».

¿Vigilar qué?

Vale resaltar que Bachelet, dejó instalada una comisión de su oficina en Venezuela para brindar asistencia y asesoría técnica, así como vigilar la situación en esta materia, al finalizar su visita a Caracas a finales de junio del corriente año.

Tras escuchar los testimonios y relatos de los representantes de los poderes públicos, ministros, ONG, víctimas de violación de derechos humanos, al presidente interino, Juan Guaidó, y al gobernante Nicolás Maduro, informó que alcanzó acuerdos con el Gobierno para vigilar la situación de los derechos fundamentales.

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“Hemos podido alcanzar varios acuerdos (…) tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”, dijo.

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Explicó que dos oficiales de la oficina de derechos humanos de la ONU se quedarán en el país caribeño para “proveer asistencia y asesoría técnica” en esta materia, pero también para monitorear la situación.

Sistemática violación

Desde hace años la oposición venezolana denunciaba la violación de los derechos humanos de la población por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, que aprovechó la visita de Bachelet para escurrir la responsabilidad que le achacan en la crisis al denunciar que la principal causa de la debacle económica del país son las sanciones extranjeras.

Sobre esta denuncia del Gobierno, la alta comisionada expresó que le preocupan las sanciones extranjeras impuestas a la Administración de Maduro porque han “exacerbado” la “preexistente crisis económica”.

Bachelet también dijo que el Gobierno de Maduro aceptó que su equipo ingrese a los centros de detención para poder monitorear las condiciones en las que se encuentran y para que puedan hablar confidencialmente con ellos, así como permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismo de derechos humanos.

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Expresó su deseo de que la asistencia de su equipo sirva para reforzar la “prevención de la tortura“, y destacó que para ella fue “profundamente doloroso” escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos o de la “violencia política por ser partidarios del régimen” de Nicolás Maduro.

Espera que cumpla con su palabra

Manifestó que espera que el Gobierno de Maduro cumpla con su palabra de otorgar a su equipo acceso pleno a los detenidos, y que de no ser así lo informará.

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Alfredo Romero, director del FP / Foto cortesía: Lisandro Casaña

Asimismo, llamó a la liberación de todos los que estén detenidos “por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”, y celebró la liberación de los ciudadanos Melvin Farías y Junior Rojas.

Según la ONG Foro Penal, que defiende a la mayoría de los presos políticos de Venezuela y que se reunió con Bachelet, hay casi 700 personas detenidas por causas de conciencia.

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La expresidenta chilena abandonó Venezuela tras sostener un encuentro con Maduro, quien aseguró ante la prensa que se comprometió a tomar con seriedad las sugerencias de Bachelet “para que en el país prive un sistema de derechos humanos cada vez más profundo, cada vez mejor, que proteja a la familia”.

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