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Opositor boliviano acude por tercera vez a audiencia cautelar

El opositor boliviano Samuel Doria Medina acudió hoy por tercera vez a una audiencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe definir si es detenido preventivamente o no por la acusación de que provocó un daño al Estado hace 25 años, cuando era ministro.

En declaraciones a los medios en la ciudad de Sucre (sureste), donde tiene lugar la cita judicial, Doria Medina lamentó que el Gobierno se ocupe «de las persecuciones políticas» y no de resolver «los problemas fundamentales que le interesa a la población».

«Esta es una pérdida de tiempo para la gente en el poder judicial, para las personas que somos acusadas y esperemos que no sea interés de tratar de distraer a la población (para) que no se preocupe tanto de la falta de agua, de la situación económica y que se preocupe de lo que hace el Gobierno con la oposición», criticó.

La audiencia estaba prevista para la mañana de hoy pero se aplazó por unas horas para que el tribunal delibere sobre una solicitud de dos de los diez imputados dentro del caso que no acudieron alegando motivos de salud.

Es la tercera vez que el TSJ intenta instalar la vista, que fue suspendida primero el pasado 3 de noviembre por la ausencia de dos imputados y también el día 17 por asuntos procedimentales que debía resolver el juzgado.

Doria Medina, quien denuncia persecución política por parte del Gobierno de Evo Morales, fue imputado por el Ministerio Público junto a otros nueve exfuncionarios por supuestos delitos cometidos en un caso que se remonta a 25 años atrás, cuando el político era ministro de Planeamiento.

La Fiscalía los ha acusado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Los cargos afectan a una presunta autorización irregular para crear la entidad de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a Fundapro, una entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha reiterado que la transferencia fue un préstamo a Fundapro que se devolvió íntegramente y un requisito de Estados Unidos para condonar a Bolivia una deuda de 361 millones de dólares.

El político, que fue tres veces candidato a las elecciones presidenciales contra el actual presidente Evo Morales, ha denunciado en diversas ocasiones que enfrenta una persecución política que se dirige también contra otros líderes ajenos al oficialismo, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

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