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Parlamento nicaragüense aprueba una ley que vetará candidaturas de opositores

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua vuelve a exhibir su poder, luego que este lunes la Asamblea Nacional de la nación centroamericana que es ampliamente controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobara una ley que vetará a la candidatura de los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el hilo constitucional o aplaudan sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos, una medida similar a la que apuesta Nicolás Maduro en Venezuela.

La «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», fue aprobada con urgencia con un total de 70 votos a favor por los diputados afectos al gobierno de Ortega (propulsores de la iniciativa), mientras otros 14 se manifestaron en contra y otros cinco se abstuvieron.

Legisladores como el opositor Maximinio Rodríguez, levantó su voz para denunciar el instrumento jurídico que aprobó el oficialismo es una ley que «discrimina a los nicaragüenses sólo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante».

¿De qué va esta ley?

La controvertida ley que impulsa el partido de gobierno que lidera Daniel Ortega, consta de un par de artículos, los cuales estipulan que «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación», razones por las cuales no podrán optar a cargos de elección popular.

Tampoco podrán participar en ningún tipo de elección, aquellos que «inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».

De la misma manera quedarán inhabilitados políticamente «aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico».

En pro del sandinismo

Para el presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense, Gustavo Porras, esta ley es de suma importancia ya que la misma está fundamentada en el artículo 1 de la Constitución, que estipula que «la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense».

En tanto, el jefe de la fracción sandinista, Edwin Castro, manifestó que este instrumento es cónsono con el sistema jurídico constitucional, y refirió que el artículo 147 de la Constitución Política señala la prohibición de optar a la presidencia de la República a todo nicaragüense que encabece, o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional.

En tanto, los diputados sandinistas sostienen que esta nueva legislación penal señala que quedan limitados los derechos políticos de los nicaragüenses que incurran en actos contrarios a la Constitución Política.

Una ley discriminatoria Como una “normativa inconstitucional”, así calificó el diputado opositor Maximinio Rodríguez a esta nueva ley, dado que «va sobre la primacía de las leyes», debido a que las calidades para ser candidatos a cargos de elección popular están contempladas en la Constitución Política y en la Ley Electoral.

«Lo que han hecho aquí, porque tienen el control de la Asamblea, es discriminar a los nicaragüenses», reprochó.

Asimismo, criticó el carácter expedito con el que fue aprobado esa ley, sin haber sido estudiada, discutida y dictaminada en una comisión legislativa.

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