Parlamento venezolano buscará apertura de frontera con Colombia, por Reyes Theis

Entre Colombia y Venezuela no hay un muro que separe sus territorios como el que limita a Tijuana (México) con California (EEUU), pero alambres de púas en los puentes fronterizos y militares venezolanos con uniformes de campaña indican que el paso entre estos países liberados por Simón Bolívar, está  más restringido que si existiera una pared de concreto.

El 24 de diciembre y el 31 de diciembre los horarios de paso hacia el Norte de Santander (Colombia) desde Táchira (Venezuela)  por exclusivas razones de emergencia (previa autorización del Gobierno venezolano), fue  restringido a solo medio día.

Durante esas fechas los efectivos militares cobraban entre Bs. 10.000 y  20.000 para permitir el paso para que la gente fuera a pasar la navidad o recibir el año con sus familiares al otro lado de la frontera, según denuncia la diputada a la Asamblea Nacional (AN) Laidy Gómez (AD-Táchira).

La frontera entre los dos países está cerrada desde agosto pasado. Un incidente en el que resultaron muertos efectivos militares venezolanos, atribuidos a presuntos paramilitares colombianos, y la situación de desabastecimiento en la zona, fueron los alegatos para la medida, en una frontera donde muchos de sus pobladores trabajan o estudian en un lado y viven de la otra parte de la línea fronteriza.

De inmediato la oposición venezolana denunció que la medida se trataba de una estrategia electoral de parte del Gobierno de Nicolás Maduro, que tuvo un primer impacto positivo en sus cifras de popularidad, pero cuyo efecto se difuminó rápidamente por el peso de la fuerte crisis económica venezolana.

Para darle soporte legal a la medida de cierre fronterizo, el Gobierno aprobó un estado de excepción en varios municipios fronterizos de los estados Táchira, Zulia y Apure. Luego fue extendida la medida por 60 días más y de acuerdo a la Ley de Estados de Excepción ya no es posible una nueva prórroga.

“El libre tránsito está restringido con el decreto de estado de excepción que venció el 21 de diciembre, pero desde esa fecha la frontera sigue cerrada”, cuestiona la parlamentaria Gómez.

Relación en el congelador

Tras el cierre fronterizo las relaciones diplomáticas y comerciales colombo-venezolana se enfriaron. En septiembre pasado los presidentes de ambas naciones,  Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, respectivamente, se reunieron en septiembre en Quito y acordaron impulsar “la progresiva normalización de la frontera”.

Sin embargo, días después, comisiones de alto nivel de ambos Gobiernos se reunieron por cinco horas y media en Caracas sin llegar a acuerdos para la normalización. “El punto álgido en toda la reunión y en las exposiciones es el tema de los cambistas de frontera”, explicó luego el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas.

El meollo del asunto es que en gran medida el precio en Venezuela del dólar no oficial se establece por la cantidad de bolívares que exigen en la frontera por un peso o un dólar. Venezuela pretende que Colombia prohíba el libre cambio de la moneda en sus poblaciones fronterizas.

Colombia se ha negado a que desde Venezuela se le obligue a tomar estas medidas, al tiempo que resiente los malos tratos a sus ciudadanos y las calamidades que tuvieron que enfrentar para atender a más de 6.000 colombianos en alberges en Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander)  para lo que tuvieron que destinar unos 6,9 millones de dólares.

Estas diferencias han puesto en el congelador una agenda importante de temas de integración entre los dos países y cinco comisiones binacionales, creadas para abordar los temas más prioritarios, no se han vuelto a reunir.

El dinero

Pero no solo Colombia ha perdido dinero con el cierre fronterizo. Según los cálculos de los agentes aduanales y revelados por la diputada Gómez, Venezuela ha dejado de percibir 6,4 millones de dólares por aranceles tributarios de mercancía de importación, solo procedentes de Cúcuta.

“El Gobierno no tiene ningún  interés en resolver el tema del cierre de la frontera porque está generando más utilidad económica en lo individual” explica la parlamentaria. Dice que antes se señalaba a la Guardia Nacional por el contrabando que pasaba por las aduanas, pero que según los pobladores, ahora serían funcionarios del Ejército los beneficiarios del tránsito ilegal de mercaderías a través de los caminos ilegales o trochas.

En ese sentido, la diputada nativa de Rubio, estado Táchira, anunció que este viernes 8 de enero introdujo por Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud para que en plenaria se discuta la próxima semana el tema y que la AN someta a su consideración el establecimiento de una comisión “para que nos aboquemos a buscar la vía legislativa que nos permita abrir la frontera en forma inmediata”.