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Rafael Ramírez podría ser extraditado, luego que Italia aceptara la solicitud

El exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, podría ser extraditado de Italia, luego que este miércoles la Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptara la solicitud por parte de Venezuela. Ramírez es requerido en el país tras ser acusado de delitos como los de peculado doloso, evasión de procedimiento licitario y asociación para delinquir.

Y es que a través de un documento que presentó el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se pudo conocer que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, se mostró a favor de extraditar a Ramírez, según informó el ministro de Comunicación e Información de la administración de Maduro, Freddy Ñañez a través de su cuenta en Twitter.

En el texto, el Fiscal General no consideró como suficientes lo argumentos de defensa de Ramírez, razón por la que estimó que no se trataba de persecución política, sino que se trataba de haber infligido un daño a la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se asegura que Venezuela realizó la petición de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tiene correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.

De la misma manera se indica que no hay elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la justicia venezolana, “sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que en el país no se respetará los derechos fundamentales del imputado».

En el documento se estipula también que el Estado que hace el requerimiento pueda asegurar los tiempos y métodos para poder desarrollar el proceso penal y la detención cautelar.

Rafael Ramírez es objeto de una investigación en Venezuela por al menos siete casos de corrupción, además posee una solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol.

En el mes de julio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Maduro, declaró “procedente” la solicitud de extradición del expresidente de Venezuela, asegurando que se asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez sea juzgado bajo las debidas garantías y únicamente por su presunta participación en la comisión de estos delitos.

Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una presunta trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012.

Ramírez también está vinculado al caso del “buque fantasma”, propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratado en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.

Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.

Los “errores de cálculo” en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.

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