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Referendo revocatorio en Bolivia sumido en la incertidumbre

El referendo revocatorio de autoridades en Bolivia del próximo 10 de agosto se encuentra sumido en la incertidumbre tras las objeciones planteadas por las cortes electorales regionales, mientras el presidente Evo Morales alertó que anular la consulta provocará levantamientos populares.

Orlando Parada, presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz –región que comanda la oposición al gobierno boliviano–, anunció la presentación de un «recurso» ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la consulta, aunque esta instancia está paralizada desde hace más de seis meses por la renuncia de cuatro de sus cinco miembros.

Otras tres cortes (de Beni, Pando y Tarija) proponen por su parte a la Corte Nacional Electoral (CNE) suspender la consulta hasta tanto el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la misma.

Las cortes de esas cuatro regiones –consideradas las grandes opositoras al presidente Morales– manifestaron sus dudas sobre la consistencia legal del referendo, pues no existe esta figura en la Constitución, y además temen incurrir en interpretaciones erróneas de sus resultados, por las ambigüedades de la ley de convocatoria.

Pero ya el lunes la Corte Nacional Electoral determinó, con el voto de dos de sus tres miembros, ratificar la realización de la consulta.

El presidente del máximo tribunal electoral, José Luis Exeni –a quien la oposición acusa de haberse sometido al oficialismo– llamó a otra reunión de cortes electorales en La Paz para este miércoles, con el fin de buscar una solución definitiva, según dijeron en las últimas horas televisoras locales.

La oposición de las cortes regionales hizo que el presidente Morales y varios de sus ministros montaran en cólera. El gobernante señaló que desde las Cortes se promueve «un golpe contra la democracia».

De persistir el comportamiento de los cuatro tribunales, el gobernante advirtió que «cuidado que el pueblo se levante contra estas entidades, porque no están respetando la democracia, las leyes ni la voluntad soberana del pueblo».

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del presidente, señaló que ‘‘estamos ante el umbral de un verdadero golpe contra el orden constitucional del país, no se trata de nada más ni nada menos de esa actitud».

Mientras tanto el poderoso prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, cabeza visible de la oposición a Morales, señaló este miércoles que acatará lo que disponga la Corte de su distrito.

«Como gobierno departamental apoyaremos lo que disponga la Corte Electoral de Santa Cruz», apuntó, una referencia que significa que podría marginarse del proceso.

De hecho el opositor Manfred Reyes Villa, prefecto de la central Cochabamba, anunció desde el comienzo que no se someterá al referendo y que, de hacerse, no aceptará su resultado.

Por otra parte, el gobierno demandó ayer por prevaricación a la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó recientemente parar el referendo revocatorio y amenazó con juicios penales y civiles a los vocales electorales regionales que rechazan esa consulta.

El Ministerio de Justicia presentó ante el Parlamento la demanda contra la magistrada Silvia Salame, única miembro del Tribunal Constitucional, tras la renuncia de sus cuatro colegas, y la acusó de haber emitido un decreto ilegal contra la consulta, según la AP.

«La magistrada Salame se ha inventado un decreto sobre el referendo revocatorio del 10 de agosto que está fuera de toda norma legal y eso es objeto de un juicio ante el Congreso», dijo ayer el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, al presentar la demanda.

Salame emitió la semana pasada una resolución que ordena parar la consulta convocada para el próximo 10 de agosto.

El referendo revocatorio fue convocado para dirimir una difícil crisis en que están enfrentados el presidente Morales y siete prefectos del país, seis de los cuales son abiertamente partidarios de modelos autonómicos que el gobierno considera secesionistas.

Morales calcula que en este referendo no será revocado (para ser destituido se requiere que cerca de un 54% de votantes expresen el No a su gestión) y que en cambio algunos de los prefectos opositores saldrán de sus cargos.

De ahí que esté tan interesado en que se lleve a cabo la consulta y, en el otro sentido, que la oposición esté tan interesada en que la misma se anule.

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