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Senadores en EE. UU. presentan proyecto de ley que prohibe hacer negocios con Maduro

La ley se denomina "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano" (BOLÍVAR, en inglés)

El estamento político estadounidense expone otra muestra de su compromiso con la causa en pro de la libertad en nuestro país. Y es que este lunes, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley con respaldo bipartidista que prohíbe a las agencias del Gobierno de EE. UU. otorgar contratos a personas o empresas que tengan negocios con la gestión de Nicolás Maduro, una iniciativa denominada ley Bolívar.

El instrumento legal bautizado «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano» (BOLÍVAR, en inglés), fue dado a conocer por los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Thom Tillis, así como por la demócrata Jacky Rosen.

Mayor presión

La ley contempla prohibir que las agencias federales de Estados Unidos concedan contratos a empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro, aunque detalla que solo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo de la Asamblea Nacional electa en 2015 y liderada por el presidente (e), Juan Guaidó, ni con sus sucesores electos.

Asimismo, proporciona las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres. En este sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podría emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.

Del mismo modo, la ley Bolívar permite al secretario de Estado concluir la restricción cuando sea de interés nacional para Estados Unidos. 

Ya la iniciativa había sido presentada en la Cámara de Representantes por el legislador republicano Michael Waltz, con el respaldo de sus colegas de bancada Maria Elvira SalazarMario Díaz-BalartCarlos GiménezJennifer González y Brain Fitzpatrick, así como las demócratas Debbie Waserman y Stephanie Murphy.

Hablan los promotores

Sobre el proyecto, el senador Marco Rubio apuntó que «en medio de la crisis provocada por el narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos que las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro«, mientras agregó que «la legislación bicameral garantizará que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una dictadura criminal y asesina en nuestra región«.

Entretanto, el senador Rick Scott, planteó que «no podemos quedarnos al margen y dejar que esta crisis continúe, y esto comienza con restringir el dinero que Maduro usa para aferrarse al poder. Espero que todos mis colegas se unan a nosotros mientras trabajamos para apoyar a quienes luchan por la libertad y el fin del régimen despiadado de Maduro«. 

Gobierno interino agradece apoyo

Y por Venezuela, el Gobierno interino se pronunció a través de su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quien lo reflejó así en Twitter:

Biden piensa aumentar impuestos

Por otra parte, en cuanto a la situación interna en la superpotencia del norte, la Administración de Joe Biden planea introducir un reajuste fiscal y aumentar los impuestos en Estados Unidos de manera significativa por primera vez desde 1993, esto con el fin de costear el programa de desarrollo económico a largo plazo tras su reciente iniciativa de ayudas con la que trató de paliar los efectos de la pandemia firmado por el mandatario la semana pasada.

Según la agencia Bloomberg, el plan de ayuda económica de 1,9 billones de dólares, que incluye pagos directos de 1.400 dólares por persona a más del 85% de los hogares del país, es financiado por la deuda gubernamental, pero la financiación de la nueva medida legislativa podría basarse también en el aumento de impuestos.

Según este medio, los consejeros clave del presidente estadounidense están haciendo los ajuestes necesarios para introducir el paquete de medidas que podría incluir tanto un aumento del tipo de interés del impuesto de sociedades como de la tasa fiscal personal para personas con ingresos altos.

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