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SIP y otras dos organizaciones acudirán a la ONU en Ginebra por Nicaragua

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc-ALC) y la Red Global de Defensa y Promoción de la Libertad de Expresión -Ifex- presentarán en la ONU un paquete de recomendaciones para Nicaragua basadas en «testimonios de periodistas y activistas».

La presentación se hará en la Oficina de la ONU en Ginebra en el período previo al Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, el 15 de mayo, informó este lunes la SIP, con sede en Miami.

La delegación conjunta de las tres entidades se reunirá con los funcionarios de los estados miembros de la ONU para «garantizar que las preocupaciones de libertad de expresión informadas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen» en el examen al que se someten los miembros de la ONU cada cinco años.

Las recomendaciones conjuntas apuntan a «mejorar» el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que se encuentra en una «situación crítica», dicen, a raíz de la respuesta del Gobierno a las protestas en reclamo de libertad y democracia que estallaron hace casi un año.

«Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente (Daniel) Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales», dijo la presidenta del Comité Coordinador de Ifex-ALC, Marianela Balbi.

Mónica Valdés, vicepresidenta de Amarc-ALC, señaló que el mensaje que llevarán a la ONU en Ginebra es que «sin libertad de prensa no hay libertad».

Entre las recomendaciones está «cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas» a los periodistas, medios y activistas opositores, «llevar a cabo investigaciones exhaustivas» sobre todos esos actos y «aplicar toda la fuerza de la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia».

Además, defienden la necesidad de «adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación».

También, «respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» (Cidh) a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados.

Otra recomendación es «asegurar que la asignación de publicidad del gobierno esté sujeta a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios justos, transparentes y objetivos».

SIP, Amarc e Ifex piden que se exija al Gobierno de Nicaragua «abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella».

Se debería «garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta. Y garantizar la protección de los periodistas que cubren la protesta».

Por último, indican que es necesario «trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante y conduzca a una solución democrática para la grave y creciente crisis sociopolítica» en Nicaragua.

La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), mientras que grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561 y Ortega reconoce 199.

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