Actualidad Internacional

Suspenden diálogo en Bolivia

Las conversaciones para resolver la crisis política de Bolivia quedaron suspendidas temporalmente este miércoles por decisión de cuatro prefectos opositores.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, en representación de los opositores, dijo que se tomó la decisión «de suspender temporalmente nuestra participación en las mesas de trabajo hasta que el gobierno nacional reconduzca su actuación y de respuesta a nuestro pedido».

El pedido tiene que ver, según dijo, con el respeto a las garantías constitucionales y a la no detención arbitraria de ciudadanos opositores.

El desencadenante de la suspensión del diálogo fue el arresto de un ciudadano de la región petrolera de Tarija, quien está acusado de haber participado en la toma de un campo petrolero y la explosión de una gasoducto durante el conflicto que sostuvieron los autonomistas en contra del Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió a los prefectos volver al diálogo porque, según dijo, los procesos penales son innegociables.

«Deploramos que los prefectos quieran suspender el diálogo, porque no es posible que los prefectos quieran suspender el diálogo con la intención de proteger, encubrir un delito común, el diálogo no está asociado a estos procesos penales», dijo Quintana en el Palacio de Gobierno.

Reclaman garantías

Este martes, según medios locales, encapuchados detuvieron en la población petrolera de Villamontes (Tarija) al ciudadano José Vaca, junto a otros tres ciudadanos. Éstos tres últimos fueron liberados poco después.

Cossío denunció que en «ese tipo de secuestro» no se respetaron los procedimientos legales y que eso implica que el Gobierno está violando un acuerdo preliminar suscrito entre los prefectos y el Gobierno.

Por ese motivo, Cossío dijo que el diálogo no se reanudará mientras Morales no se pronuncie diciendo «si se va a cumplir o no se va a cumplir el acuerdo que dio paso al diálogo nacional» y «si se van a restituir las garantías constitucionales de los ciudadanos».

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que la detención se produjo en el marco de la ley, puesto que los agentes encargados del operativo contaban con una orden de detención emitida por la Fiscalía.

Tanto el Gobierno como los prefectos dicen estar dispuestos a mantener el diálogo y, por el contrario, acusan al bando opuesto de estar obstaculizando las negociaciones.

Incluso, ambos dejaron a sus delegados en la ciudad de Cochabamba, donde se realizan las conversaciones para que éstas puedan ser retomadas en cualquier momento.

El diálogo entre oficialismo y oposición se instaló el 18 de septiembre, luego de que los autonomistas protagonizaron bloqueos, toma violenta de instituciones y enfrentamientos entre civiles, hechos que duraron tres semanas.

El peso de la ley

La negociación aborda dos temas. Uno tiene que ver con el modelo autonómico que reclaman los líderes de cuatro regiones de Bolivia y el otro se refiere al pedido de los dirigentes cívicos de restituir los impuestos petroleros que ahora son descontados para pagar una renta a los ancianos.

El ministro Quintana convocó a los prefectos a retornar a la mesa del diálogo porque, según dijo, no debería existir ningún condicionamiento para la negociación, puesto que la detención no tiene vinculación con el diálogo.

Previamente, el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que el Gobierno y la ley serán implacables con los autonomistas que incurrieron en actos delictivos durante el conflicto.

«Estamos ante delitos de terrorismo en contra del Estado, no estamos ante personas que han robado una manzana en el mercado. La ley será implacable con ellos», dijo.

Los prefectos consideran que el Gobierno inició una persecución en contra de dirigentes regionales y por eso se niegan a continuar en las mesas de diálogo. Incluso, el prefecto Cossío dijo que los dirigentes necesitan saber si se van a concentrar en dialogar o en ocultarse de la persecución.

El diálogo estaba avanzado en los dos temas que se habían abordado y tanto el Gobierno como los prefectos anunciaron la posibilidad de firmar un acuerdo definitivo el próximo domingo.

Sin embargo, ahora todo quedó paralizado.

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