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Taxistas vuelven a pedir a la Justicia argentina que ilegalice Uber

Las principales asociaciones de taxistas de Argentina presentaron hoy una solicitud ante la Justicia para que determine si la actividad que desempeña la empresa Uber en el país es ilegal, una acción que acompañaron con una protesta frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires.

Unos 50 taxistas se agruparon a las puertas del edificio donde se encuentra la Cámara Nacional de Apelaciones para acompañar a los representantes sindicales que entregaron al juez la petición, y gritaron el lema recurrente de las decenas de manifestaciones que han convocado en los últimos meses: «Uber es ilegal».

Para los conductores de taxis del país, la empresa de contratación de viajes en vehículos particulares a través de una aplicación móvil ejerce una competencia desleal, ya que, denuncian, no paga los impuestos correspondientes y no garantiza mínimas medidas de seguridad.

Así lo afirmó a Efe el presidente de la Asociación de Taxistas de Capital (A.T.C.), Luis Fernández, quien entendió que la llegada de la empresa a Buenos Aires ha supuesto una «malaria» que, unida a la coyuntura económica, ha provocado una caída del «40 %» en las recaudaciones de los conductores, lamentó.

Esta nueva protesta nace a raíz de la decisión del juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires Luis Alberto Zelaya que desestimó el 24 de octubre una denuncia de los sindicatos de taxistas que pedían que se decretara la ilegalidad de la aplicación en la capital argentina.

Fernández consideró a pocos metros del Palacio de Tribunales que Zelaya «se ha ganado el premio al empleado del mes de Uber» y denunció que al haber fallado a favor de una multinacional «va en contra de los intereses de los trabajadores» del país y que «no tienen pensado invertir ni un centavo en Argentina».

«Vamos a mantener una lucha continuada hasta que Uber se vaya de la ciudad», advirtió el sindicalista, quien arremetió además contra la «estrategia de evasión de divisas y de violación de las normas del trabajo» que practica, a su juicio, la empresa estadounidense en el país suramericano.

«No estamos dispuestos a que nos flexibilicen», zanjó.

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