Temer optimista en vísperas de la fase final del juicio a Rousseff

Casi en vísperas del inicio de la fase final del juicio político contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, el mandatario interino, Michel Temer, afirmó este sábado que la economía del país se recupera y crecerá un 1,6 % en 2017.

El proceso contra Rousseff entrará en su fase decisiva el jueves próximo y Temer, sin hacer alusiones a ello, difundió  una nota en la que destacó que la economía del país, sumergida en una grave recesión, ha empezado a dar «señales de recuperación» desde el 12 de mayo pasado, cuando asumió la Presidencia en forma interina.

Temer, quien ocupaba la Vicepresidencia hasta esa fecha y está públicamente enemistado con Rousseff, permanecerá en el poder y completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de que el Senado finalmente despoje del cargo a la gobernante.

Rousseff está acusada de graves irregularidades en el manejo de los presupuestos pero recuperará el poder si fuera absuelta, lo que relegaría a Temer a una Vicepresidencia que todos los analistas creen que será inviable y llevaría a su inmediata dimisión.

El comunicado difundido hoy transmite optimismo en relación a la economía, sostiene que tras dos años de profunda recesión retomará el crecimiento en 2017, para cuando prevé una expansión del 1,6 %, y también que los mercados ahora miran al país «de otra manera».

Según esa nota, «termómetros importantes, que muestran cómo está la salud de un país, como son la tasa de riesgo, indicadores de confianza de las empresas y las familias, sugieren que Brasil está otra vez en los rieles del crecimiento», sobre el cual aseguró que será retomado en 2017, con una expansión del 1,6 %.

Añade que «las empresas que forman el principal indicador de la Bolsa de Sao Paulo han tenido ganancias expresivas desde que el Gobierno interino asumió» y que el comportamiento de sus acciones mejora «semana a semana».

También sostiene que el Gobierno ha recuperado la «armonía» de la relación con el Parlamento y que «materias muy importantes» han sido aprobadas en las cámaras legislativas.

Entre ellas, cita la modificación de la meta de déficit fiscal que se esperaba para este año, que ha sido elevada a 170.000 millones de reales (unos 53.000 millones de dólares) y le «ha dado realismo a las cuentas públicas».

Asimismo, hace referencia a una propuesta de limitar el aumento anual del gasto público en función de la inflación que se registre el año anterior, la cual considera «una primera reforma estructural» que obligará al Gobierno a ser más eficiente con el dinero público.

También cita proyectos futuros, que solo podría llevar adelante en caso de que se confirme la destitución de Rousseff, como una reforma de la ley de jubilaciones y pensiones, que propone prolongar la vida laboral de los brasileños.

Del mismo modo, pasa revista a sus acciones en el área social, a la que Rousseff se ufana de haberle dado prioridad, y se refiere a un aumento del 12 % que decretó para los subsidios a los más pobres y a la continuidad de planes de construcción de viviendas populares.

La fase final del juicio contra Rousseff comenzará el próximo jueves, cuando el Senado comenzará a escuchar a testigos presentados por la parte acusadora y por la defensa.

La Corte Suprema, corresponsable y garante constitucional del proceso, prevé que esa etapa demorará un par de días y que el trámite continuará el lunes 29 de agosto, cuando Rousseff tendrá la oportunidad de presentar su defensa personalmente.

La mandataria ha confirmado que acudirá y ha dicho que del Senado solo espera «justicia» y que «no condene a una inocente».

En la que será su primera y única comparecencia ante el Senado desde que se instauró el juicio político, la presidenta suspendida dispondrá de media hora para la presentación de sus alegatos.

Posteriormente, deberá responder a las preguntas que puedan ser formuladas por cada uno de los 81 senadores, aunque podrá acogerse al derecho de permanecer en silencio.

Una vez que sea escuchada Rousseff, la acusación y la defensa tendrán una nueva oportunidad de manifestarse y luego se procederá a la votación, cuya fecha dependerá del propio desarrollo del proceso pero se prevé que ocurrirá entre el 30 y 31 de agosto.