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UE prorroga sanciones económicas a Rusia por crisis ucraniana

La Unión Europea (UE) prorrogó este jueves otros seis meses, hasta el 31 de enero de 2019, las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk.

El Consejo de la UE, en el que están representados los 28 Estados miembros, así lo aprobó mediante procedimiento escrito.

La decisión definitiva para mantener las sanciones se produjo después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión alcanzaran ese acuerdo político durante la cumbre de los pasados días 28 y 29 de junio, tras escuchar de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron, un balance de la implementación de los acuerdos de paz.

La UE condiciona el fin de las sanciones económicas a Rusia a la aplicación total del acuerdo de Minsk y aún hay fallos en su implementación, que incluye la retirada de armamento pesado o el respeto al alto el fuego.

Fueron introducidas por la Unión el 31 de julio de 2014, inicialmente por un período de un año, en respuesta a «las acciones emprendidas por Rusia, que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania», recordó el Consejo en un comunicado.

A continuación se reforzaron en septiembre de ese mismo año y, desde entonces, se han ido prorrogando.

Las sanciones están centradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso, civil y militar.

De hecho, limitan el acceso a los mercados primario y secundario de capitales de la UE para cinco importantes entidades financieras rusas -Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank y Rosseljozbank- con participación mayoritaria del Estado y sus filiales, también con participación mayoritaria estatal, establecidas fuera de la UE.

Igualmente, afectan a tres importantes empresas rusas del sector de la energía y otras tres de defensa.

Además, imponen una prohibición de exportación e importación de armas y un veto a la exportación de productos de doble uso, para uso militar y para usuarios militares finales en Rusia.

Del mismo modo, restringen el acceso de Rusia a determinadas tecnologías y servicios sensibles que pueden utilizarse para la producción y la exploración petrolíferas.

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