¡Un nuevo problema! El Reclutamiento de migrantes, en la frontera colombo-venezolana

La migración masiva de venezolanos sigue siendo una realidad que cobra fuerza año tras año en un contexto de crisis económica que atraviesa el país. Junto a esto, los peligros latentes a los que se enfrentan van desde emigrar en un marco de ilegalidad, como ser víctimas de un sinfín de delitos que pasan por la trata de blancas, la explotación sexual forzada e incluso el reclutamiento por parte de grupos paramilitares; uno de los crímenes silenciosos que existe en la frontera con Colombia, según el diario El Espectador.

El caso de un migrante venezolano reclutado

«Se lo llevaron los paracos». Eso fue lo primero que escuchó Yenny Aponte al otro lado del teléfono el 11 de noviembre de 2020, cuando Felipe*, amigo de Kéider Alejandro Pimentel, de 17 años, le dijo que su hijo había sido reclutado por un grupo armado ilegal en Caucasia. (Antioquía). Desde Valencia, estado Carabobo, inició su búsqueda y su lucha por medir lo que significaba un paramilitarismo en Colombia. Hoy no encuentra la diferencia entre los «paras» y los guerrilleros, pero tiene la certeza de que su hijo está en uno de esos grupos.

El último mensaje que recibió de su hijo, vía celular, decía que se iba a Medellín a trabajar.

Antes de pasar por lo que ahora es una pesadilla para ella, Yenny cuenta que Kéider se escapó de su casa en Venezuela siendo menor de edad. Cruzó uno de los senderos para llegar a Cúcuta.

«Me había pedido permiso para ir a Colombia y le dije que no, que no me dejara, que ahorraría un poco de dinero y nos iríamos los dos pero no solos. Un día me dijo que iba a salir a entrenar y me llamó por la noche para decirme que iba a la frontera, que iba a estar bien».

Sin más contacto

Desde ese entonces no tuvieron más contacto. Ella no supo dónde vivía su hijo ni en qué condiciones. Lo único que logró saber fue trabajó vendiendo aguas en Cúcuta y que luego se fue en una «mula» hacia Cartagena, donde limpió vidrios en las calles. En octubre de 2020 le dijo que quería ir a Medellín para conseguir un mejor trabajo y para encontrarse con una muchacha que había conocido por redes sociales. «Ya luego cuando me llamó Felipe* fue que supe que se habían ido por un lugar que se llama Caucasia y que dicen que está lleno de paramilitares».

A Kéider Alejandro Pimentel se lo llevaron a la fuerza dos hombres armados en una motocicleta en una vía de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño el 10 de noviembre de 2020. Eso fue lo último que le contó Felipe* a Yenny un día después de su desaparición. «Al muchacho que iba con mi hijo le dijeron que lo iban a matar, pero él logró salir corriendo. Luego empezaron a sonar disparos. Contó que solo vio cuando se llevaron a mi hijo en la moto. La gente le dijo que habían sido paramilitares». En esa zona del país hacen presencia el Clan del Golfo, el grupo conocido como Los Caparros, el ELN y algunos grupos de disidencias de las FARC.

Registros de reclutamiento fronterizo

Colombia+20 revisa datos de la Coalición contra la Involucramiento de Niños, Niñas y Jóvenes en el Conflicto Armado en Colombia (Coalico), que asegura que se documentaron cinco eventos (casos masivos) de reclutamiento de menores venezolanos por parte de grupos armados. Pero la organización estima que la cifra es mayor, ya que otras organizaciones sociales en la frontera, como Benposta Nation of Boys, Acnur y Unicef, reciben unas 40 denuncias al año.

Coalico ya había documentado las victimizaciones de menores migrantes en 2019 y 2020, periodo en el que pasaron de tener 8.729 afectados por el conflicto armado a por lo menos 9.594 personas. “De estas victimizaciones, 40 hechos corresponden a captación y 11 a uso y aprovechamiento. Eventos de reclutamiento forzado afectaron a por lo menos 190 niños, niñas y adolescentes» se lee en un informe entregado por la organización en 2020.

Al respecto, Fernando Cobo, de Coalico, señaló que el reclutamiento de menores venezolanos ha tenido un auge desde 2018, sobre todo en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Nariño.

“Es el delito que más cuesta rastrear porque, primero, la gente lo denuncia muy pocas veces, ya sea por desconfianza hacia las autoridades o por el miedo que estos grupos pueden infundir para que los casos no se conozcan. Y segundo, por el desconocimiento de los migrantes sobre el delito en sí: hay muchos casos en los que ni siquiera saben que es un delito y que deben emprender acciones legales», afirma.

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