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Unos 5.500 miembros fuerza pública en Colombia se acogerían justicia especial

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, manifestó este viernes que unos 5.500 integrantes de la Fuerza Pública se podrían acoger, una vez se firme el acuerdo de paz con las FARC, a la Justicia Transicional, que se aplicará una vez termine el conflicto.

Villegas anunció en una rueda de prensa que está listo el proyecto de ley con el que se darán beneficios jurídicos a los integrantes de la fuerza pública para que haya equidad con los privilegios que recibirán los desmovilizados de las FARC.

El funcionario agregó que el proyecto será presentado al Congreso de la República junto a un paquete de medidas iniciales de aplicación de la Justicia Transicional a los miembros de las FARC que se acojan a un proceso de desarme y desmovilización.

El titular de Defensa estimó que unos 5.500 miembros de la fuerza pública serían amparados con la Justicia Transicional, 2.000 de los cuales están privados de libertad y que «se podrán beneficiar una vez entre en vigencia esta ley».

En diciembre pasado, el Gobierno y las FARC concluyeron un acuerdo en materia de justicia transicional que se aplicará una vez termine el conflicto.

Como parte de ese acuerdo, se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.

El sistema integral de justicia estará integrado por cinco herramientas, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Posteriormente, el Gobierno definió el marco de justicia que se aplicará tras el conflicto armado a militares y policías que hayan incurrido en violaciones a la ley, un régimen especial basado en el Derecho Internacional Humanitario.

«Vamos a aplicar a ambos (agentes del Estado y FARC) diferenciadamente unas medidas que les permitan a unos y otros disfrutar de las consecuencias de una Justicia Transicional que se deriva de un proceso de paz exitoso que traerá la reconciliación a los colombianos», afirmó Villegas.

El titular de Defensa explicó que el «tratamiento penal diferenciado se materializa en la posibilidad de aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado que hayan sido condenados, que estén procesados o señalados de cometer conductas punibles relacionadas directamente o indirectamente con el conflicto armado, siempre y cuando no constituyan delitos graves».

Villegas manifestó que la renuncia a la persecución penal solo se aplicará a los agentes del Estado para delitos cometidos en relación con el conflicto armado.

No tendrán este beneficio crímenes de guerra, secuestro y otras privaciones de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violaciones y otras formas de delitos sexuales, así como la sustracción de menores, el desplazamiento y el reclutamiento de menores, entre otros.

Mientras que delitos contra el servicio, la disciplina o intereses de la fuerza pública seguirán incluidos en el código penal militar.

El funcionario aseguró que la Justicia Transicional se aplicará con estrictos estándares internacionales especialmente bajo las normas del Tratado de Roma.

«Es decir que la justicia debe tener labor investigativa y comprobable, un proceso conocido y una terminación de esos procesos con condenas para quienes hayan cometido los más graves delitos», señaló.

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