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Veintisiete eurodiputados piden a la UE sanciones a sector del oro venezolano

Muchos son los grupos que desde diversos lugares del mundo manifiestan su disposición a endurecer las medidas en contra de la administración Maduro. La referencia corresponde esta vez a veintisiete eurodiputados, que reclamaron este martes al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que «promueva activamente» sanciones europeas al sector del oro venezolano, que ya aplica Estados Unidos.

En una carta publicada en Twitter por la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Charanzová, veintisiete diputados de cinco grupos políticos instan a Borrell a que se muestre partidario de prohibir el comercio y la circulación de «oro de sangre ilegal venezolano» en la Unión Europea, y le piden también que amplíe la lista de personalidades sancionadas en la actualidad.

«El régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a la explotación de minas de oro para vender en el extranjero de forma ilícita como una fuente crucial de ingresos para mantener a su régimen ilegítimo en el poder«, denuncia la carta.

Respaldan pedimento de Guaidó

Los diputados, en su mayoría de los grupos popular, conservador y liberal, advierten de que este «oro de sangre» se extrae en «circunstancias ilegales y criminales» que amenazan el medio ambiente y los derechos humanos, y posteriormente se saca del país de forma irregular para intercambiarlo por monedas con más valor que el bolívar.

«Esto se hace sin beneficiar a los cada vez más empobrecidos venezolanos y sin que ellos sean conscientes de los negocios que se hacen con la riqueza de su país«, señalan.

El presidente (e) Juan Guaidó había reclamado estas mismas sanciones en su reciente visita al Parlamento Europeo, si bien es el Consejo, la institución que representa a los países de la UE, la institución que debe acordar por unanimidad la imposición de esas restricciones.

La UE ha rechazado hasta ahora imponer a Venezuela sanciones económicas, que sí aplica Estados Unidos, para evitar penalizar al conjunto de la población, aunque sí que mantiene medidas restrictivas contra personalidades (prohibición de viajar a la Unión y congelación de sus bienes en ese territorio) a las que considera responsables de menoscabar los derechos humanos.

Además, mantiene restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.

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