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Venezolanos protestan porque Barcelona no deja centro para la consulta popular

El Ayuntamiento de Barcelona impidió montar en un centro cívico las urnas para la consulta convocada por la Asamblea Nacional venezolana a Nicolás Maduro, por no haber tramitado los permisos, de forma que la votación se ha trasladado a la calle, que ha sido cortada al tráfico por la Policía Local.

Según informó la organización SOSVenezuelaBcn, que este domingo organiza en Barcelona la consulta, la plataforma tenía previsto montar en un centro cívico las urnas para participar en la votación que la oposición ha convocado con el respaldo de la Asamblea Nacional y al margen del Gobierno en contra del proceso constituyente impulsado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, a primera hora de esta mañana un concejal barcelonés ha acudido al centro cívico a comunicar a los organizadores que carecían de permisos para utilizar ese local municipal, autorización que debe tramitarse previamente a través del consistorio.

Un portavoz municipal explicó a EFE que el Ayuntamiento tuvo constancia ayer por la tarde de la intención de la plataforma opositora a Maduro de montar las urnas en el centro cívico, después de que acudieran a la Guardia Urbana a pedir que garantizaran la seguridad en una votación a la que se esperan que acudan entre 18.000 y 20.000 personas.

Pese a impedirles la entrada al centro cívico, el portavoz municipal aseguró que se han cedido a los organizadores de la consulta sillas y mesas para montar las urnas en la calle, frente a las puertas del centro cívico, que además ha sido cortada al tráfico por la Guardia Urbana para garantizar la movilidad y la seguridad de la votación.

Una portavoz de la plataforma impulsora de la consulta, por su parte, expresó su «sorpresa» por que se les haya impedido la entrada al centro cívico y ha manifestado su malestar por el hecho de que hasta hoy no se les haya comunicado desde el Ayuntamiento que carecen de permisos para utilizar el equipamiento municipal.

Además, la portavoz asegura que la plataforma ha pagado 800 euros (unos 900 dólares) por el uso del centro cívico a una empresa concesionaria que gestiona este tipo de equipamientos y atribuye a una cuestión «política» la decisión del Ayuntamiento de impedirles el acceso al local.

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