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Venezuela: aprueban las leyes que amplían el control sobre los medios

La Asamblea Nacional, el parlamento unicameral venezolano, aprobó finalmente y contra reloj las dos reformas jurídicas impulsadas por el Presidente Hugo Chávez para amplificar la regulación de los medios y que instaura un avance sin precedentes sobre los contenidos en Internet.

El apuro se debió a que el oficialismo tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero esa ventaja acaba el 5 de enero cuando se integrarán nuevos legisladores opositores con lo que los representantes del partido de Chávez pasarán a ser la primera minoría.

Las reformas involucran a la Ley de Telecomunicaciones y la de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida por sus siglas Ley Resorte, que ahora se amplía a Internet y las redes sociales.

Chávez ha radicalizado su proyecto que el presidente describe como izquierdista o socialista, imponiendo estas normas que buscan recortar las críticas al gobierno. También, debido a los cambios en el Congreso, el presidente logró autorización para legislador por decreto durante los próximos 18 meses y eludir así a la Cámara.

Fernando Egaña, ex ministro de Información durante la presidencia de Rafael Caldera, calificó como censura en Internet y las redes sociales. Y ase guró que es una ofensiva “habilidosa”, es decir, se permite el acceso general pero “se restringen, limitan y criminalizan los contenidos y el libre intercambio de la información”.

En Venezuela hay diez millones de internautas, que en caso de ser sancionados enfrentarán el “bloqueo de aplicaciones, la censura de la prensa digital, entre otros”, añade. Las faltas tienen un lenguaje premeditadamente impreciso: castigarán la apología del delito; el fomento de zozobra en la ciudadanía o el desconocimiento de las autoridades. La Asamblea oficialista eliminó a última hora la propuesta de punto único de Internet, permitiendo que los canales de señal abierta puedan seguir en cable.

La nueva norma declara, además, a las empresas de telecomunicaciones como servicio público y prohíbe la inversión extranjera en radio y televisión. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Adscripción establecerán las habilitaciones. Se legisla que una empresa de telecomunicaciones “deberá ceder a título gratuito al Estado la totalidad de los bie nes utilizados para la prestación de los servicios al momento de finalizar la habilitación administrativa o concesión” después de 15 años de operaciones. También el Estado puede revocar la licencia por razones de “interés general”.

La reforma, asimismo, establece que “el Presidente adoptará los estándares de televisión y radio digital y el Ministerio de Comunicaciones desarrollará la normativa aplicable para su implementación”. Los títulos de las licencias deben ser transformados o actualizados con la nueva ley. La presentación deberá ser realizada personalmente por los socios y no se admiten poderes. La última disposición afecta directamente al canal informativo Globovisión, cuyo socio principal, Guillermo Zuloaga, se encuentra refugiado en EE.UU. tras la orden de captura emitida por el chavismo en su contra.

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