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Venezuela: Una semana en los ojos del mundo

El sobrevuelo de un helicóptero del Cicpc sobre el Tribunal Supremo de Justicia anunciaba el martes 27 de junio que sería una semana particularmente noticiosa en Venezuela. Mil y una hipótesis se manejaban. La más generalizada contemplaba la rebelión y el alzamiento militar; la otra, como todos los movimientos “favorables” a los grupos antigubernamentales, apuntaba que era un montaje del Gobierno nacional, o bien, lo que los locales llaman “pote de humo”, técnica con la que intentan desviar la atención de ciertos acontecimientos en el país.

Esta conclusión de los venezolanos fue respaldada por la noticia que se conoció a posteriori: paralelo a ese “acto terrorista” –calificado así por voceros del Gobierno– se redactaban dos sentencias en el TSJ: una que desconocía el nombramiento del vicefiscal de la República, realizado por Luisa Ortega Díaz en Abril; y otra que otorgaba atribuciones del Ministerio Público al defensor del Pueblo.

Desde esa noche, madrugada para muchos, los ojos del mundo estuvieron fijados en Venezuela, analizando y haciendo proyecciones de lo que podía suceder en un país sumido en crisis social, política y económica, con más de 90 días de manifestaciones populares y al menos 80 fallecidos a cuestas.

No habían terminado de pronunciarse los máximos organismos y dirigentes internacionales, cuando el jueves se sumaba otro acontecimiento repudiable, tanto dentro como fuera de las fronteras: la «tortura» por parte de cuerpos de seguridad del Estado, a más de 30 estudiantes universitarios, que fueron además sometidos dentro de un camión de carga al que lanzaron gases lacrimógenos.

El helicóptero, la rebelión, la orden internacional

“Superpolicía”, “héroe”, «militar insurrecto», “terrorista”, fueron algunos de los adjetivos que titularon los perfiles de Oscar Pérez en los medios internacionales, luego de convertirse en el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que llevó a cabo un ataque “de película” en el que retó al Gobierno de Maduro y exigió su renuncia.

Muchos medios y portales también pusieron en tela de juicio que fuera un ataque real a una institución del Poder Judicial, plegada al Gobierno; otros coquetearon con un desenlace militar en Venezuela. La mayoría coincidía que era un confuso episodio.

«Cuando Nicolás Maduro habla de un intento de golpe de Estado, no hay que tomarlo en serio. Son incontables las veces que ha construido leyendas y presentado las más absurdas pruebas de los presuntos ataques maquinados por Washington contra su Estado de crisis y socialismo tardío».

Diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En la comunidad internacional, de hecho, no quedó muy claro cómo un helicóptero de la policía científica pudo haber sobrevolado edificios de alto perfil sin ser ubicado y derribado. Lo cierto es que nadie salió herido. Sin embargo, la acción atestó un golpe al agónico gobierno de Maduro, –que además lo calificó de golpe de Estado– envuelto en una crisis de la que pretende “salir” mediante una Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio, acción también criticada duramente esta semana por varios países del hemisferio.

Aún no hay detenidos. El ministro del Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, emitió una orden de captura internacional en contra de Pérez, y el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó el día miércoles que el helicóptero fue hallado en Osma, estado Vargas.

Supremo vuelve a «hacer de las suyas» contra la fiscal general

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Fiscales y Procuradores de la región latinoamericana, rechazaron las últimas medidas del Tribunal Supremo de Justicia, que entre miércoles y jueves emitió sentencias que restringen los poderes de la fiscal general, así como la decisión de congelar sus bienes, y prohibición de salida del país; sin contar con que podría ir a juicio el próximo 4 de julio. Una situación que preocupa “profundamente” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agencia EFE cita al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García-Sayán, quien detalla que la primera sentencia anula el nombramiento del vicefiscal general, transfiriendo esa atribución al Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la segunda «interfiere» en las investigaciones de hechos punibles a cargo del Ministerio Público, otorgando atribuciones exclusivas de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, actores de la comunidad internacional criticaron al presidente Nicolás Maduro, y pidieron que defienda el estado de derecho, al afirmar que la decisión del TSJ «parece querer despojar a la fiscalía de su mandato y responsabilidades consagradas en la Constitución Venezolana, socavando su independencia», según reza el comunicado de la oficina de Derechos Humanos de la ONU.

No obstante, estas medidas no paran a la fiscal Luisa Ortega Díaz, una de las voces disidentes que ha sido más contundente contra el gobierno, ya que el jueves continuó su cruzada en la restitución del hilo democrático en Venezuela con la acusación al excomandante de la GNB, Antonio Benavides Torres, por “serias y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” durante las protestas que se realizan en el país desde el mes de abril.

https://twitter.com/MPvenezolano/status/880551482633863168

El viernes 30 de junio, el Ministerio Público informó otra acusación, esta vez al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por el mismo motivo.

CNN en Español recordó que en 2015 la Casa Blanca sancionó a Benavides Torres de abusos a los derechos humanos, mientras que Human Rights Watch lo acusó, junto con otros altos oficiales, de fallar en tomar medidas para prevenir o castigar las violaciones a los derechos humanos.

Indignación por universitarios detenidos en un camión

El jueves 29 se volvió a llevar a cabo una jornada de protesta a nivel nacional. El guión de los funcionarios militares y policiales fue el mismo: evitar la llegada de los manifestantes a la sede del Poder Electoral y contenerlos con “agua y gasesitos lacrimógenos”, como habría descrito el presidente Maduro en alguna cadena nacional.

Sin embargo, en Caracas ocurrió una situación que hizo a varios usuarios en redes sociales rememorar la Alemania nazi: La Policía Nacional Bolivariana apresó a al menos 30 estudiantes, la mayoría pertenecientes a la Universidad Simón Bolívar, en un camión de carga, y lanzaron gases lacrimógenos que lograron penetrar el vehículo antes de que los efectivos cerraran las puertas con los jóvenes dentro.

Antes de encerrarlos, testigos declararon a CNN en Español –hecho también denunciado por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles- que los muchachos fueron golpeados y despojados de sus pertenencias.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, indicó que los estudiantes fueron trasladados a El Helicoide. Luego se conoció que serían presentados ante tribunales este viernes.

Con el panorama así, Venezuela recibe a Julio, mes en el que celebrará su independencia librando una lucha por recuperar su libertad y sus derechos fundamentales.

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