Amnistía Internacional pide al Gobierno colombiano detener desplazamientos
El Gobierno de Colombia debe implementar planes de acción de forma inmediata ante el desplazamiento forzado de más de 430 afrodescendientes en el suroeste del país y unas 16.000 personas en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
«Los últimos desplazamientos forzados y masivos en Nariño y Catatumbo reflejan la crisis de derechos humanos que continúa en Colombia. Las autoridades estatales no pueden continuar ignorando a sus principales víctimas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes», indicó la funcionaria en un comunicado.
El pasado 10 de julio la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó del desplazamiento de 432 personas de comunidades afrodescendientes en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
La entidad señaló que los desplazamientos ocurrieron el 4 de julio tras los enfrentamientos entre el grupo disidente de las FARC autodenominado «Frente Oliver Sinisterra» y la organización «Gente del común».
Las víctimas, entre las que hay 232 niños, habitaban en las aldeas Fátima, El Cedro, Papi La Playa, Papi La Unión, Papi Trinidad, Pato y Tamaje, del municipio Roberto Payán, a cuya cabecera municipal se han dirigido.
Asimismo, la OCHA manifestó que entre el 14 de marzo y el 5 de julio de este año se han desplazado al menos 16.000 personas de diferentes municipios del Catatumbo.
El organismo resaltó que lo anterior se debe a enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerada una banda narcotraficante por el Gobierno nacional, y a operativos realizados por la fuerza pública contra esas organizaciones.
A juicio de Guevara, «los recientes desplazamientos son una prueba más del abandono estatal y la lenta implementación del acuerdo de paz, especialmente en temas como sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y garantías de seguridad en zonas golpeadas por años de conflicto armado».
Además, consideró «inaceptable que las comunidades que históricamente han padecido el conflicto sigan sumando víctimas ante la pasividad del Gobierno».
