Apertura de juicio a Correa por secuestro alejaría su regreso a Ecuador
El expresidente Rafael Correa, protagonista del período más largo de un gobierno en la historia reciente de Ecuador, podría mantenerse alejado del país por varios años si finalmente es llevado ante la justicia por los delitos de secuestro y asociación ilícita.
Este jueves concluyeron cuatro maratonianas jornadas de la audiencia preparatoria de juicio que se sigue contra él y otros tres procesados involucrados en el caso de plagio al político opositor Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012 y que la Policía colombiana consiguió impedir tras interceptar el vehículo en el que se lo llevaban.
La jueza nacional Daniella Camacho, encargada del proceso, tiene previsto analizar las pruebas y alegatos de las partes para dar a conocer su dictamen, después de que el martes la Fiscalía pidiera que todos fueran llamados a juicio.
Además de Correa, están imputados el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes de Inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los dos últimos, testigos protegidos y colaboradores eficaces tras haber admitido su culpabilidad como autores materiales de los hechos.
En caso de que la jueza acoja la solicitud de la Fiscalía, en el banquillo de los acusados solo se sentarían los dos exagentes, al encontrarse tanto Correa como Romero fuera del país, en Bélgica y España, respectivamente, prófugos de la justicia.
«En el caso de los delitos que se le imputan, no se puede juzgar en ausencia y el juicio va a quedar suspendido hasta que lo detengan», explicó a Efe Pablo Encalada, exfiscal y profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y en la Andina de Quito.
Según el código penal anterior que regía en el momento en que se produjo el secuestro, para este tipo de delitos la prescripción es de 10 años, plazo que se iniciaría con la instrucción fiscal del proceso penal iniciado este año, lo que supone que concluiría el plazo en 2028, refiere el jurista.
Sin embargo, en la misma sala de la audiencia el Fiscal General, Raúl Pérez, defendió que conforme a la legislación vigente, el plazo establecido para investigar y sancionar a los responsables del secuestro es de diez años, pero a partir del momento en que se cometió La infracción.
Este último punto situaría la prescripción del proceso en agosto de 2022, tiempo hasta el cual Correa podría ser arrestado si regresa al país.
