Guatemaltecos protestan contra el presidente Morales
Alrededor de trescientas personas se reunieron en Guatemala para protestar contra el presidente, Jimmy Morales, y mostrar su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Grupos religiosos y estudiantes de la Universidad San Carlos -la única institución pública de educación superior-, junto con ciudadanos de a pie, marcharon hasta la Corte de Constitucionalidad, para exigir se falle a favor de la Cicig en varias acciones interpuestas y por la pugna del Gobierno de Morales contra el organismo auspiciado por la ONU.
Durante la noche, los manifestantes realizaron una vigilia y algunos de ellos amenazaron con quedarse para otra marcha que realizarán la mañana de este martes, y que será un plantón frente al Congreso para evitar lo que ellos llaman un «pacto de golpistas», es decir, la aprobación de leyes regresivas.
Las principales organizaciones campesinas del país, estudiantes, religiosos, sectores indígenas, de mujeres y LGBTIQ acordaron acciones conjuntas para manifestarse desde el lunes hasta el miércoles en contra de una cruzada que mantiene Morales con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El presidente guatemalteco ha sido señalado por la Comisión, que es un ente auspiciado por la ONU, y el Ministerio Público de posible financiación electoral ilícita.
Antecedente
El pasado 31 de agosto Morales anunció el fin de la Cicig para septiembre de 2019, y el martes pasado indicó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien definió como un peligro para la seguridad y el orden público.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
