La tragedia invisible de Colombia
Pese a que el gobierno de Colombia cree que el turbulento pasado del país va quedando poco a poco atrás, Amnistía Internacional (AI) asegura que esa nación vive «una de las mayores tragedias ocultas de hoy en día»: los desplazados internos.
AI denunció un aumento del número de desplazados como consecuencia del conflicto armado de 40 años y pidió a las partes que adopten medidas para frenar esa situación.
Según el grupo de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, hasta 380.000 personas se vieron desplazadas en 2008, lo cual representa un aumento de más del 24% en relación con 2007.
AI sostiene que «hoy en Colombia hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas internamente».
Estima, además, que «al menos 500.000 personas más han huído a países vecinos».
Aunque el gobierno colombiano aún no ha ofrecido reacciones a este nuevo interno, en el pasado ha puesto en duda el sistema de conteo que utilizan algunas de las fuentes que utiliza AI. Además, ha dicho que el presupuesto anual para atender a los desplazados es de US$500 millones.
La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, considera que Colombia es, después de Sudán, el país del mundo con mayor cantidad de desplazados internos.
Avances
Marcelo Pollarck, director adjunto del Programa para América de AI, dice que las cifras «desmienten la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado».
No obstante, el informe reconoce mejoría en aspectos como el descenso del número de secuestros y toma de rehenes.
También señala avances en la reducción de las cifras de homicidios relacionados con el conflicto armado.
«La seguridad ciudadana en algunas de las grandes ciudades del país ha mejorado en relación con años anteriores», explica Pollack.
«Pero esa no es toda la historia», apunta.
Reclamos
El informe atribuye la responsabilidad de los desplazados tanto a las guerrillas de izquierda como a los paramilitares de derecha y a las fuerzas de seguridad.
AI reclama a todas las partes en conflicto que «respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conficto».
A la vez insta a las autoridades a que tomen medidas para que se devuelva «a sus legítimos propietarios o a sus familias todas las tierras y demás bienes robados» a los desplazados.
«Se calcula que se han robado (…) entre cuatro y seis millones de hectáreas de tierras que pertenecían a millares de campesinos, indígenas y afrodescendientes».
El conteo
Las cifras que aporta AI se basan en parte en información de la Consultoría colombiana para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Las autoridades colombianas han destacado que la metodología de conteo que usa Codhes difiere de la que usa el gobierno a través del Registro Único de Población Desplazada (RUPD).
«Tradicionalmente, varios elementos han alejado las cifras gubernamentales de las de Codhes; entre ellas, que la definición de desplazamiento que utiliza este último es más amplia, incluyendo situaciones que distan de las contempladas en el RUPD», remarca un reciente comunicado presidencial.
En septiembre pasado, el presidente Álvaro Uribe aseguró en un encuentro con el secretario general de la ONU: «Hemos aumentado el presupuesto para desplazados de 40 millones de dólares al año a 500 millones de dólares al año».
Bogotá sostiene que el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada fue creado para dar respuesta a la problemática de las personas que se han visto forzadas a huir de la violencia generada por el conflicto interno.
En la página de la presidencia colombiana se afirma que ese sistema busca «el retorno voluntario o el reasentamiento», la «reincorporación en la sociedad» y «el fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y receptoras», entre otros objetivos.
El último informe de AI «Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia» recoge numerosos testimonios de personas que se han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otras zonas del país.
Por otra parte, según le confirmaron recientemente a BBC Mundo algunas madres y padres, organizaciones no gubernamentales y la coalición contra la incorporación de jóvenes al conflicto armado, la guerrilla y los paramilitares siguen reclutando a menores de edad, lo cual se ha convertido en una importante causa del desplazamiento forzado interno.
