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Nicaragua entra en punto muerto tras la suspensión del diálogo nacional

La resaca de la suspensión temporal del diálogo nacional en Nicaragua volvió a dejar patente la enorme distancia existente entre los intereses del Gobierno de Daniel Ortega y las necesidades del resto de interlocutores.

El Ejecutivo, a través del canciller, Denis Moncada, volvió a reiterar «su respaldo y disposición permanente al diálogo», si bien prácticamente lo condicionó a la «indispensable» eliminación de los bloqueos en las carreteras.

A juicio de Moncada, la agenda del Gobierno -contrapuesta a la que presentó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que pedía una reforma constitucional y elecciones anticipadas- «reúne el clamor del pueblo: eliminar todos los tranques (bloqueos), no a la violencia en todas sus formas y asegurar el derecho al trabajo».

«Es indispensable resolver y acordar sobre los tres puntos que urgen al pueblo nicaragüense», añadió. Para el ministro, «estos puntos no han sido respondidos por los grupos de oposición al Gobierno, participantes en el Diálogo Nacional».

Moncada subrayó que el Ejecutivo está comprometido con «la investigación y aseguramiento de la justicia» y con «el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia en Nicaragua, en el marco constitucional».

«El Gobierno de la República reafirma su disposición al diálogo, que asegure la estabilidad, la justicia, el fortalecimiento democrático y la paz en Nicaragua», comentó.

Las palabras del canciller encontraron su respaldo en una declaración de rechazo a los bloqueos en las carreteras aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.

La declaración «Rechazo a los tranques y a la violencia» condena «enérgicamente los tranques existentes en distintos puntos del país que han afectado la vida y la salud de las personas, han impedido la libre circulación, generando intranquilidad y ansiedad en las familias nicaragüenses».

«Además, estos tranques obstaculizan el desarrollo del comercio, generan pérdidas en las actividades económicas y en los empleos, todo en clara violación a los Derechos Fundamentales protegidos en la Constitución Política», se añade en la declaración.

Por su parte, el obispo Silvio Báez advirtió en Twitter que «mientras la ruta constitucional y pacífica hacia la democratización de Nicaragua sea vista por el Gobierno como golpe de Estado y ni siquiera deseen hablar de ello, será imposible algún diálogo para poder superar la crisis política que sufre el país».

El prelado defendió el papel de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y lanzó un mensaje en pasado y con sabor a despedida poco esperanzador para el futuro del diálogo.

Sin embargo, la entrada del país en punto muerto no beneficia a nadie según los expertos.

El excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, alertó que la permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua podría convertir al país centroamericano «en una Venezuela».

«Mi temor es que Nicaragua va a convertirse en una Venezuela, y no creo que exista en el Grupo de Lima la voluntad de tener otra papa caliente en el hemisferio», comentó Aguirre en declaraciones a EFE.

El exdirigente advirtió que en EEUU «hay un profundo malestar por la muerte de casi 80 nicaragüenses, ya que se considera que la represión del Gobierno de Nicaragua ha sido tremenda» y alertó sobre las posibles sanciones que podrían venir desde Estados Unidos.

«Si continuamos con esta postura, van a perder los nicaragüenses, va a perder El Carmen (la familia Ortega-Murillo), y va a perder la comunidad internacional, porque se va a volver a contraer la economía», sostuvo Aguirre, para afirmar que Nicaragua necesita «un acuerdo creíble y acelerado para regresar a la democracia».

El país centroamericano sumó dos muertos más por esta crisis tras los enfrentamientos registrados en Chinandega y León, y este jueves los bloqueos volvieron a aparecer en varias carreteras.

Nicaragua vive este viernes su trigésimo octavo día de crisis sociopolítica sin diálogo y sin visos de una solución que satisfaga a las partes a corto y medio plazo, en un conflicto que ha dejado al menos 76 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mientras tanto, el tiempo parece favorecer al Gobierno.

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