20 ONG exigen una ley que regule la comisión de la verdad
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, lo planteó en pocas palabras: más importante que definir quiénes integrarán la Comisión de la Verdad es establecer el cómo se investigarán los hechos de violencia ocurridos a partir del pasado 11 de abril, a efectos de garantizar un proceso transparente que permita no sólo la imprescindible sanción a los autores materiales e intelectuales de los excesos cometidos, sino también la aplicación de medidas orientadas al fortalecimiento de las instituciones, de modo que nunca más la conflictividad social llegue a tales extremos.
El director del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea), Carlos Correa, también hizo un esfuerzo de síntesis al comentar que si bien es necesario que la Comisión de la Verdad se instale pronto, más necesario es que se instale bien y no se frustre la aspiración de todos en cuanto a la efectividad de la iniciativa y, por ende, la posibilidad de reconciliación nacional que la motiva.
¿Y quiénes más autorizados que los representantes de las organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela para hacer observaciones sobre la Comisión de la Verdad? Por ello, las 20 ONG agrupadas en el Foro por la Vida comenzaron por advertir que el acuerdo de la Asamblea Nacional a través del cual se han comenzado los trámites para constituir la Comisión de la Verdad no cuenta con el peso jurídico necesario para desarrollar, de manera autónoma e independiente, las funciones que le han sido encomendadas.
