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8 mil niños venezolanos no pueden ver clases por cierre de frontera con Colombia

Un promedio de 8 mil niños venezolanos no pueden ver clases por el cierre de la frontera colombo- venezolana medida que tomó el gobernante Nicolás Maduro el pasado sábado 23 de febrero.

Una documentación detallada de la violación a los derechos, a quienes se les impide pasar a Colombia para acudir a sus escuelas, adelanta FundaRedes, junto con la Fundación El Amparo y Proyecto 860, a fin de elevarla a diversos organismos nacionales e internacionales.

La ONG Fundaredes aseguró que los afectados son escolares de los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Junín y Rafael Urdaneta, del estado Táchira, que ante las fallas del sistema educativo venezolano ven clases en el departamento Norte de Santander en Colombia.

El director general de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que con esta medida de cierre fronterizo “se vulneran varios de sus derechos, casos que son considerados graves en el derecho internacional”.

El mismo explicó que junto a las organizaciones Fundación El Amparo y Proyecto 860 están documentando estos casos, para presentar la violación de estos derechos ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que están en el deber de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

Tarazona dijo que estos entes deben “responder ante esta violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes, así como ante tribunales del sistema de protección del niño, niña y adolescente de manera formal”.

Agregó que  “ya generamos contactos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), y con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), para que se activen los mecanismos de protección y demás acciones necesarias”.

 

Al trabajo se le sumaran los pacientes de distintas patologías “tenemos también información de miles de personas con diversas enfermedades, que necesitan cruzar la frontera para comprar un tratamiento, para cumplir una terapia, que en Venezuela no se garantiza y que ahora el mismo gobierno les cercena el derecho de ir a tratarse en el país vecino, donde se les estaba prestando una mejor atención” aseguró Tarazona.

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